San José, 23 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, fueron denunciados ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por una supuesta participación indebida en actividades político-electorales, lo cual podría constituir beligerancia política.
La denuncia fue presentada por el ciudadano JK Durán Barberena mediante un recurso de amparo electoral, argumentando que tanto el mandatario como la jerarca del MICITT habrían sostenido conversaciones político-electorales relacionadas con candidaturas a la Asamblea Legislativa. Esta información fue confirmada por la propia ministra Bogantes en una entrevista concedida al medio OPA.
Durán señaló en su perfil de Facebook:
“Presenté un amparo electoral por beligerancia política en contra de Rodrigo Chaves y la ministra Paula Bogantes, quien reconoció en entrevista al grupo de propaganda chavista [sic] OPA que ambos han mantenido discusiones político-electorales sobre candidaturas a la Asamblea. La prohibición de participación político-electoral para cargos como el de la Presidencia de la República y los ministros incluye, explícitamente, discusiones político-electorales, según el marco normativo electoral. La sanción es inhabilitación para ejercer cargos públicos”.
En declaraciones a OPA la ministra indica que el presidente ha mantenido reuniones con un grupo de funcionarios y personas cercanas a él para analizar cuáles funcionarios del Ejecutivo podrían pasarse a la Asamblea Legislativa, esto en clara alusión a la elección del próximo febrero.
A la vez mencionó que ella ha hablado con el presidente Chaves y le ha manifestado que está dispuesta a colaborar donde él crea que aporta más a la causa, dejando una clara intensión de participar como candidata a diputada en los próximos comicios.
La legislación electoral costarricense establece que el presidente y sus ministros deben abstenerse de participar en actividades político-electorales mientras ocupan cargos públicos, incluyendo cualquier tipo de discusión relacionada con candidaturas o campañas.
El TSE aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la admisibilidad del recurso ni sobre eventuales medidas cautelares.
Esta denuncia se suma a una serie de cuestionamientos que han surgido recientemente en torno a la relación entre el Ejecutivo y el proceso electoral de cara a las elecciones de 2026.
