San José, 14 nov (elmundo.cr) – El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) trasladó la responsabilidad de darle custodia al magistrado de la Sala III -suspendido- Celso Gamboa, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La medida rige a partir del 15 de noviembre, según confirmó el Ministerio a EL MUNDO la noche de este martes y el cambio se dio por “recomendaciones técnicas”.
“Pese a las potestades legales atribuidas al Ministerio de Seguridad Pública para brindar custodia y vigilancia en casos que ameritan resguardar la vida, la seguridad y la integridad de personas, ya sea por el cargo que desempeñan o por amenazas que hayan sufrido, todas de índole de seguridad y ante el riesgo inminente, la custodia que se brinda al magistrado Celso Gamboa Sánchez ante las amenazas recibidas, será trasladada al OIJ a partir del 15 de noviembre del 2017 por recomendaciones técnicas”, declaró la institución.
La medida fue adoptada por el Comité Técnico del Ministerio de Seguridad Pública, ente encargado de determinar las custodias que da la Institución, debido a que Gamboa recibió nuevas amenazas.
“Sin embargo, reiteramos que las amenazas por las que se fijó dicha custodia se mantienen y así se informó a la autoridad supracitada”, destacó el Ministerio.
El Ministerio de Seguridad Pública, a través de las Unidades Especializadas de la Fuerza Pública, tiene la potestad de brindar custodia y vigilancia en casos que ameritan resguardar la vida, la seguridad y la integridad de personas, ya sea por el cargo que desempeñan o por amenazas que hayan sufrido.
La protección a Gamboa se da desde que desempeñó el puesto de viceministro de Seguridad Pública, según dijo la institución.
Desde el año 2004, un total de 217 personas han recibido ese tipo de custodias, la cual también incluye la que se da en las afueras de las viviendas de algunas personas, como es el caso del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, la cual se le dio hasta el pasado 30 de octubre, o bien, la de cuerpo diplomático.
En total, según datos oficiales, el Ministerio da custodia en un consulado, 22 embajadas y ocho residencias.
“Se trata de una protección policial especial calificada a la vida e integridad de personas tales como jueces, fiscales, exministros y otros funcionarios públicos que, en razón del ejercicio del cargo que desempeñan o que han ocupado, esencialmente relacionado con el combate a la delincuencia organizada nacional y transnacional, se encuentran en una posición de alto riesgo”, indicó la institución.
