San José, 22 set (elmundo.cr) – El proceso de contratación de un sistema para controlar el contrabando de cigarrillos inició como una “licitación internacional”, sin embargo, el Ministerio de Salud lo transformó en una contratación directa que publicó dando solo un día hábil para concursar.
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) fue la única entidad que participó y resultó elegida para el desarrollo del proyecto, que representaría una inversión de ₡460 millones de colones; sin embargo, RACSA no cuenta con la capacidad o tecnología necesaria para ejecutar el plan por sí sola, sino que acudió a la contratación directa de otra empresa que le ofreciera el sistema requerido.
La intención expuesta por RACSA era de colocar “estampillas” en las cajas de cigarros para rastrear el camino de producción y así, evitar la evasión de impuestos; sin embargo, para lograrlo debía contratar a una empresa que sí se dedicara a la implementación de este sistema.
Este uso de RACSA como intermediario para realizar, sin controles legales, las demás contrataciones despertó la duda y malestar de muchos.
El plan “desarrollo, implementación y operación del proyecto trazabilidad fiscal de la ley 9028” buscaba una solución “basada en tecnologías de información y telecomunicaciones, con los estándares más altos de seguridad y disponibilidad las 24 horas los 7 días de la semana y los 365 días del año para garantizar la continuidad de las operaciones críticas, bajo la modalidad de servicio administrado, que permita al Ministerio de Salud la gestión y control fiscal de los productos principalmente tabaco”.
La intención era atacar el contrabando de cigarrillos, sin embargo, el proceso de contratación directa con RACSA generó dudas hasta en la propia ministra, Karen Mayorga, que al revisar la documentación y reclamos dentro del proceso, primero solicitó ampliación de la información, para luego mandar a archivar todo el proceso.
Así consta en la información pública ubicada en Mer-Link en el expediente 2017CD-000028-0009200001 del Ministerio de Salud.
En los documentos adjuntos, se incluye la solicitud de la empresa GS1, que pedía evaluar otras opciones tecnológicas a la contratada y agregaba en su oficio que “no se caiga en el vicio de contratar soluciones (software) y herramientas (hardware) propietarias a un solo proveedor, que posteriormente comprometa la continuidad de la operación”.
La Cámara de Industrias fue más allá en su reclamo, y en el documento enviado al Ministerio de Salud indicaba que:
“Se evidencia, de manera clara y reluciente, que la intención de contratar y ejecutar el objeto contractual por la vía de triangulación descrita lo es con el fin de evadir conscientemente los procedimientos de concurso público que por exigencia del artículo 182 constitucional deben seguirse”.
En la denuncia se agrega que: “la triangulación aquí pretendida, mediante la contratación directa con RACSA y la posterior contratación –también directa- de esta última con un tercero para constituir una alianza estratégica, no resulta legitima si tan solo enmascara un mero aprovisionamiento de bienes y servicios, a fin de que RACSA, cual mero intermediario, luego suministre al Ministerio de Salud –aprovechando la excepción de acudir a los procedimientos concursales – los mismos bienes y servicios así aprovisionados por el tercero con quien ha formalizado alianza estratégica”.
El reclamo formalizado por la Cámara de Industrias explicaba como los servicios requeridos por el Ministerio de Salud no eran parte de las competencias de RACSA e indicaba en el documento que “es claro que RACSA no cuenta con la experiencia, ni los requisitos técnicos y financieros, ni los insumos, ni medios para la ejecución del proyecto relacionado”.
Pese a los reclamos, solicitudes de nuevos análisis y ampliaciones de información, existen también documentos firmados por Roberto Castro, jefe coordinador del programa control de tabaco, donde minimizaba las críticas y reiteraba la necesidad de continuar con el proceso debido a que se habían invertido muchos años en ese proceso al que llamaba “transparente entre dos Entes del Estado, que fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y que múltiples cartas y reuniones entre las partes clarifican”, escribió el funcionario en una de sus respuestas.
Pese a la solicitud de Castro para continuar con el proceso, la ministra de salud, decidió suspender todo el proceso y archivarlo, según consta en su comunicación, indicando que “no es conveniente ni oportuno que la institución realice tan elevada erogación por un servicio que no considero actualmente como prioritario para el Ministerio de Salud”, en su carta explica que la decisión toma en cuenta el decreto de “Contingencia Fiscal”.
Desde el martes anterior, solicitamos entrevistas sobre el tema, tanto en el Ministerio de Salud como en RACSA, sin embargo, al día de hoy no recibimos respuestas y solo nos indicaron que continúan tramitando las entrevistas.
La intención de este medio, era conocer las respuestas de los involucrados sobre las dudas generadas por este proceso de contratación y el denunciado uso de RACSA como tercero para evadir controles legales en otras contrataciones.
