San José, 17 ago (elmundo.cr)-El Ministerio de Salud detectó el ingreso de un camión con desechos varios al botadero clandestino ubicado en la Carpio, el pasado 1 de junio de 2017, según se suscribe en un documento enviado por el ente rector de salud al Ministerio Público.
Pese a que la cartera ministerial restringió el acceso a dicho documento, alegando que el periodista de EL MUNDO no demostró “interés legítimo” y que existía un proceso judicial abierto, el argumento se vino abajo a través de un Recurso de Amparo declarado con lugar por la Sala Constitucional, a favor de este medio de comunicación.
Incluso, los magistrados desestimaron el argumento de la entidad de salud en cuanto a la existencia de un proceso judicial en curso, ya que el mismo fue archivado desde el 13 de abril de 2016.
El basurero clandestino opera desde hace 17 años, a vista y paciencia de la Municipalidad de San José, el Minae, Setena y la misma entidad encargada de velar por la salud de todos los costarricenses. Sin dejar de lado que también existen múltiples demandas presentadas contra este vertedero.
Conforme a una de las tantas denuncias interpuestas anteriormente, se cita la problemática por la ubicación del botadero que, aparentemente, no respeta el margen del río Torres. Cabe mencionar que el afluente abastece a más de 1,5 millones de personas del Gran Área Metropolitana.
Si bien el tajo fue clausurado en dos ocasiones por las autoridades de salud, para que no se continuara con labores clandestinas en cuanto al manejo de los desechos, los propietarios al parecer no acataron dicha orden y en ese entonces prosiguió el flujo de camiones y vehículos particulares en el vertedero.
La inacción para cerrar toda operación en el botadero, además ha puesto en riesgo la salud de las personas que viven en los barrios colindantes, debido a enfermedades como el dengue, chikungunya y zika.
La situación ha ido más allá, a tal punto de que vecinos, líderes comunales y empresas cercanas, se unieron para combatir el problema de la basura que se encuentra en la calle pública, como en el resto del tajo de dicha propiedad. Esto sumado a los constantes malos olores que se perciben en la zona.
“Este basurero clandestino tiene muchos años de operar a cielo abierto, recibiendo todo tipo de desechos no tratados. Nosotros como Organización Comunal hemos hecho las denuncias. Hay fotos y videos de camiones irresponsables que arrojan cualquier cosa a este sitio. Aunque las demandas llegan al propio ministro de Salud Fernando Llorca Castro, dicha institución no se ha pronunciado”, afirmó meses atrás la Presidenta de ASODECA, Northellen Jiménez.
El Área Rectora de Salud Central Sur, a pesar de corroborar el ingreso de un camión con desechos varios a la Finca de Las Ánimas Banavico- conocida como “Finca La Caja”, le solicitó información al Ministerio Público sobre la condición jurídica del vertedero a cielo abierto, el pasado 8 de junio.
En la carta, el ente de Salud le hacer ver al Ministerio Público, a la Fiscalía Adjunta Agrario-Ambiental y al Poder Judicial, la necesidad de que se le informe sobre el seguimiento a la causa 14-000011-611-PE, respecto a la operación de las Fincas Las Ánimas, en la Carpio.
“Esta Área Rectora de Salud, realizando una visita de inspección en la zona de la Carpio, distrito la Uruca, logró observar que se estaba dando el ingreso a la finca en mención, por parte de un camión con desechos varios en su góndola o cajón, lo que hace suponer que se está dando una disposición de desechos dentro de dicha instalación”, explicó en el documento el Ministerio de Salud.
En las observaciones del escrito se desprende que en el mes de mayo de 2014, se le envió un oficio a la antigua directora de esa área de salud, Carolina Guillén Meléndez, el oficio No. 178-FAA-14, solicitando información sobre la causa de marras, contra Liliana Salazar Jiménez, representante del Tajo Electriona S.A. y los señores Johnny Beckles Bonilla y Carlos Villalobos Szuster, representantes de Banavico S.A. en finca Las Ánimas.
La información solicitada por el área rectora de salud pretende actualizar el expediente respectivo, para informarle las condiciones jurídicas en que se encuentra el botadero clandestino, a los denunciantes, Defensoría de los Habitantes y niveles superiores de gestión administrativa, incluyendo jefaturas y despacho ministerial, lo procedente.
Este caso forma parte de una serie de investigaciones que realiza El MUNDO sobre las condiciones en que se encuentran varios vertederos y rellenos en el país.
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