San José, 20 ago (elmundo.cr) – El Ministerio Público acusó por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública a tres funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y la apoderada local corporativa de la constructora Hernán Solís, Mélida Solís Varga, quienes estarían implicados con el pago de una factura de casi ₡1.000 millones, en diciembre de 2011. La entidad También habría solicitado elevar el caso a juicio.
Así lo dio a conocer la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción, tras varias consultas de EL MUNDO, en donde además señaló que el Ministerio Público cuenta con “pruebas sólidas” que vinculan a las personas acusadas por el supuesto delito mencionado anteriormente.
No obstante, la denuncia penal que se sigue bajo el número de expediente 13-000045-0621-PE, se encuentra en una etapa de carácter privado, por lo que no fue posible detallar cuáles son las pruebas que sopesaron hasta ahora en la investigación de la entidad.
La fiscalía confirmó que la demanda recae en contra de Mélida Solís Vargas, los entonces funcionarios del Conavi Marco Rojas Jenkins, gerente de Conservación Vial y Puentes, Ana Ivette Campos Cerdas, analista presupuestaria y Málaky Aiza Campos, jefa de ejecución presupuestaria. En el caso del director financiero, Carlos Solís Murillo, se solicitó un sobreseimiento definitivo a su favor.
“La acusación se encuentra en el plazo de comunicación a las partes, una vez que este finalice, se remitirá el expediente al Juzgado Penal de Hacienda. En la audiencia preliminar de este y cualquier caso el Juzgado definirá si el expediente se eleva o no a juicio, y de elevarse, el expediente pasaría a manos del Tribunal Penal para que se señale fecha del juicio”, explicó la Fiscalía.
Fernando Apuy Sirias, abogado defensor de Solís Murillo, quien fue sobreseído, y de Aiza Campos, le indicó a este medio de comunicación que ya fueron notificados por el Ministerio Público, donde también se confirma que hay una petición para elevar el caso a juicio.
Según indicó, se inculpó a dos de sus representados, a pesar de que, a su criterio, los medios probatorios son “muy escasos”. Sobre la posición del Ministerio Público en cuanto a que tiene “pruebas sólidas”, Apuy señaló que “siempre lo dicen, porque entonces cómo justificarían el formular una acusación y una solicitud de sobreseimiento”.
Sobre los hechos
El caso se remonta a diciembre de 2011, cuando en época navideña el Conavi le pagó una factura por casi ₡1.000 millones a la constructora Hernán Solís S.R.L., a través de un trámite especial, que pretendía cubrir un aparente gasto en cemento que no había sido ejecutado.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó la denuncia cuatro años después a la Fiscalía mediante el oficio DJ-DP-04-2015, en la cual se vinculaba a cinco personas de ser parte de un supuesto plan delictivo, que habría llevado al Estado costarricenses a desembolsar el monto antes mencionado, presuntamente sin siquiera haber finalizado con las obras correspondientes.
En la denuncia se señala que al parecer hubo un trámite “irregular”, donde además se habría sorteado todos los requisitos necesarios en cuestión de días de pago del rubro del cemento Portland, por una cantidad de más de 5 mil toneladas, supuestamente sin siquiera haber sido recibidos, “pagando la totalidad del mismo”.
La demanda penal interpuesta por la Contraloría General de la República está relacionada con el proyecto consecionado ese año a la empresa constructora, para la ampliación y reparación de la Ruta Bernardo Soto, en el tramo Aeropuerto Juan Santamaría-Manolos.
Las sospechas que dieron lugar a una acusación, se originaron a raíz del monto adelantado, pese a la presunción de que así no estaba estipulado en el contrato entre ambas partes. Ahora bien, la ley permite la figura del adelanto siempre y cuando no supere el 10% del valor de la contratación, pero en este caso al parecer se habría sobrepasado ese porcentaje, al tratarse de casi ₡1000 millones.
“La Contraloría está tratando de ser más papista que el Papa, no hay ningún contrato administrativo de ejecución de obra pública en el cual no haya adelantos de dinero, y las empresas privadas que trabajan precisamente en esto no tienen por qué poner los recursos suyos para obra de semejante envergadura”, comentó el abogado de Aiza Campos.
Con respecto al adelanto, el criterio general del ente controlar es que debe encontrarse dispuesto expresamente en el cartel, ya que los potenciales oferentes deben considerar lo anterior al momento de elaborar sus propuestas. También desde el cartel deben estar definidos de antemano los montos o porcentajes de tales adelantos o anticipos, en resguardo del principio de igualdad que impera en esta materia.
De la denuncia se desprende que cuatro funcionarios de la institución obviaron las vacaciones colectivas, y junto con la apoderada local corporativa, Mélida Solís Vargas, se apersonaron a trabajar para tramitar el cobro a favor de la compañía constructora.
El documento presentado por el ente contralor cita que “la señora Solís firma la factura irrespetando el trámite respectivo pese a que conocía que no procedía dicho cobro y logrando el beneficio del pago de la factura mediante un trámite bastante célere, ya que de igual manera en el plan delictivo los funcionarios procedieron a aprobarla y ordenar su pago de forma irregular en un tiempo récord e incluso en días de vacaciones colectivas, cometiéndose el delito de pago irregular de contratos administrativos”.
“Todo ello en días en que el Conavi estaba cerrado por vacaciones colectivas pero donde cada uno de estos funcionarios se presenta a trabajar y aprobar con una celeridad bastante sospechosa y cuestionable una factura que carecía de los requisitos”, añade la demanda.
Al respecto, el abogado señaló que sus clientes fueron a declarar desde el 3 de marzo del año pasado. De igual forma explicó que en el caso de Solís Murillo, en su condición de director financiero del Conavi, se solicitó sobreseimiento, debido a que su participación se limitó finalmente a la aprobación del pago.
“A él se le hace llegar toda una serie de documentación con aprobaciones previas de parte de funcionarios de la misma entidad, del departamento financiero, y también del departamento de ejecución, con base en eso lleva los vistos anteriores y él no tiene que juzgar de ninguna forma si en realidad correspondía o no el pago”, expresó el profesional en derecho.
Asimismo, el jurista califica de “frágil” la demanda en contra de su otra representada Aiza Campos, considerando que los argumentos con que se dictó sobreseimiento a favor de Solís Murillo, también tuvieron que sopesar en el caso de la jefa de ejecución presupuestaria del Conavi.
Agregó que “ella como jefa de ejecución presupuestaria tuvo los vistos buenos para efectos del pago, en la revisión que hizo la otra acusada, Ana Ivette Campos Cerdas, que era la persona que le correspondía revisar toda la documentación que tenía. Además si se cumplía con todos los requisitos en relación a ese pago”.
Insistió en que el documento llegó a donde su defendida con el visto bueno de Campos, por lo que habría procedido en el cumplimiento de sus funciones, ya que “nada de lo que aparecía en relación a la documentación que se le presentó dejaba entrever la posibilidad de que tuviera alguna irregularidad en el pago”.
Sobre la acusación en contra de la apodera local corporativa de la constructora Hernán Solís, Mélida Solís Varga, el vocero de la compañía, Carlos Carmiol, manifestó que “la empresa de manera absoluta rechaza los señalamientos en relación a los hechos que son objeto de investigación y los mismos serán aclarados oportunamente ante las autoridades correspondientes”, y que por respeto a estas instancias, no se referirán a las acusaciones.
Caso sonado
Tal y como lo informó este medio de comunicación días atrás, una de las partes demandadas por el pago adelantado a Hernán Solís, Marco Rojas Jenkins, exgerente de Conservación Vial y Puentes del Conavi, también se vio involucrado en algunos cuestionamientos por su matrimonio con Andrea Soto, ingeniera a cargo en aquel entonces del cartel de licitación y contratación de la vía al nuevo muelle de Moín, el año pasado.
Lo anterior debido a que Rojas Jenkins era en ese momento ingeniero de Grinprosa, siendo la compañía a cargo de elaborar los diseños de la carretera para el consorcio del Atlántico conformado por MECO y Puentes y Calzadas.
El también figuraba como el profesional a cargo de la supervisión del paso a desnivel en Paso Ancho, que fue adjudicada a la constructora MECO, y de la ampliación del trayecto entre Pozuelo y Jardines del Recuerdo.
Por su parte, la exgerente de la unidad ejecutora del proyecto argumentó en aquella oportunidad que tanto ella como Rojas no tenían conocimiento de la relación contractual entre el Consorcio del Atlántico y Ginprosa, sino hasta el día en que se abrieron las ofertas, tal y como se desprendió de una publicación del periódico La Nación, del 18 de julio de 2016.
La ingeniera presentó su renuncia, previo a la adjudicación del contrato al Consorcio del Atlántico. No obstante, Soto al parecer sí fungía como gerenta cuando se dio la contratación de Ginprosa para el diseño del nuevo puente sobre el río Virilla en la ruta 32.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dijo el año pasado que revisaría el hecho para descartar un posible conflicto de interés. Por ello, este medio de comunicación días atrás envió una solicitud al departamento de comunicación, para determinar en qué finalizó dicho proceso. Aún se está a la espera de la respuesta por parte de la institución.
