San José, 12 nov (elmundo.cr) – El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) informó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reconoció la vigencia de la suspensión de 150 días impuesta a Francia Elena Briceño Vargas, en medio de un conflicto interno por la legitimidad de la dirección sindical.
Según un comunicado firmado por el presidente del SEC, Gilberth Díaz Vásquez, el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo emitió la resolución RG-MTSS-DMT-DVAL-DAL-DPOS-18-2026, del 10 de noviembre de 2026, en la que determinó que la suspensión no requería la aprobación de una Asamblea General para tener efectos dentro de la organización.
El sindicato señaló que la resolución establece que la sanción rige durante los 150 días impuestos y que mantiene sus efectos internos.
A partir de este pronunciamiento, el SEC cuestionó que Briceño Vargas y el grupo que la respalda continuaran participando en sesiones del Directorio Ejecutivo Nacional y adoptando decisiones pese a la suspensión.
El comunicado también señala que existen registros de su presencia en las instalaciones sindicales, intervención en sesiones y ejercicio de autoridad sobre el personal administrativo.
Además, la organización cuestionó el supuesto uso de recursos sindicales y el cobro de salario durante el último mes, pese a la suspensión.
El SEC sostiene que las sesiones, acuerdos y actuaciones en las que Briceño Vargas participó durante ese periodo carecen de validez y anunció que presentará ampliaciones de denuncias penales relacionadas con estos hechos.
De acuerdo con el documento, actualmente se tramitan ante la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José dos causas penales por presunta administración fraudulenta. El sindicato indicó que ampliará las denuncias para incluir a otras personas que participaron en las sesiones y en la adopción de acuerdos con contenido económico.
El SEC también afirmó que los hechos podrían presentar características de los delitos de estafa y administración fraudulenta, aunque reconoció que corresponderá a las autoridades competentes determinarlo.
Diferencias sobre expulsiones y proceso electoral
El comunicado también aborda las diferencias con el Ministerio de Trabajo sobre las expulsiones de María Yorgina Alvarado Díaz y Marcos Vinicio Rodríguez Castillo.
Según el sindicato, el Ministerio considera que esas expulsiones requieren aprobación de una Asamblea General. Sin embargo, el SEC manifestó su desacuerdo con esa interpretación y defendió las facultades del Consejo Nacional de Representantes establecidas en el artículo 47 de su estatuto.
La organización aseguró que ambas expulsiones se mantienen firmes en el ámbito disciplinario interno, debido a que la resolución ministerial no anuló esos acuerdos.
Asimismo, el SEC indicó que la suspensión de Briceño Vargas también representa un impedimento para integrar una papeleta electoral, según el artículo 3 de su Reglamento Electoral, y cuestionó la participación de dirigentes sancionados en la papeleta FARO.
Finalmente, el sindicato hizo un llamado a sus afiliados a mantenerse informados y respaldar la institucionalidad de la organización de cara a la LVII Asamblea Nacional Ordinaria.
La posición expuesta en el comunicado corresponde al SEC y a su presidente, Gilberth Díaz Vásquez.
