San José, 12 ago (elmundo.cr) – En la nota difundida por El Mundo, titulada: “Empresario que pide desalojo de familias en el Sur, paga viáticos y transportes a la Fuerza Pública”, publicada el 6 de agosto del 2015, se cita el acuerdo conciliatorio firmado entre la Procuraduría General de República y la parte actora, documento que autoriza proceder con el desalojo en la zona sur del país.
La información suministrada en la nota hace principal énfasis en el artículo 3 de dicho acuerdo, el cual establece que “la parte actora se compromete a coordinar con la Fuerza Pública el desalojo dispuesto en esta resolución, y colaborar eventualmente con alimentos y transporte para los miembros de la policía”.
Según Carlos Hidalgo, jefe de la oficina de Relaciones Públicas y Prensa, del Ministerio de Seguridad Pública, aunque el acuerdo faculta en su artículo 3, a coordinar, eventualmente, con la parte actora, alimentación y transporte, la Fuerza Pública nunca solicitó, ni utilizó, dicho recurso.
Así mismo, el transporte utilizado y la alimentación suministrada a los miembros de la Fuerza Pública, participantes en el desalojo, es propio del Ministerio de Seguridad Pública, según la aclaración brindada por Hidalgo.
Las aclaraciones brindadas por el Ministerio de Seguridad, constan en la página 6 de la orden N. 0180-2015-DO-PYO emitida por la Dirección de Operaciones de la Fuerza Pública, denominada “Desalojo Chánguina”, en la que se indica que “la alimentación será proporcionada por la Dirección Regional Sétima Brunca” y en el caso del transporte se consigna que “cada unidad debe movilizar a su personal, con excepción el personal de la Región Sétima Brunca que será movilizado en una microbús de servicios policiales”.
