San José, 10 may (elmundo.cr) – El Ministerio de Hacienda está generando desde el año 2014 informes distorsionados sobre la ejecución del Presupuesto Nacional.
Así lo revela el informe de auditoría DFOE-SAF-IF-12-2016 efectuado por la Contraloría General de la República (CGR) remitido a Hacienda el pasado 2 de mayo y hecho público en la web del ente contralor este lunes.
El informe de auditoría abarcó la ejecución presupuestaria a cargo del Ministerio de Hacienda, con base a la liquidación del presupuesto de ingresos y egresos registrada por esa entidad durante el año 2015.
Dicha auditoría fue suscrita por Federico Castro Páez, Gerente de Área; Arnoldo Sanabria Villalobos, Asistente Técnico y Francisco J. Salas Loría, Coordinador.
En ella se alerta de inconsistencias y malas clasificaciones de partidas en el informe de liquidación del presupuesto 2015 que alteraron los datos que se dieron a conocer.
El caso más relevante señalado por la Contraloría es el referido a lo devengado y realmente pagado en remuneraciones básicas y pluses salariales, cuya diferencia es de 21.624 millones de colones.
El Ministerio de Hacienda informó que en el 2015 devengó gastos por 89.340 millones de colones, aunque realmente solo pagó 61.912 millones de colones, una diferencia de 27.427 millones de los cuales 21.624 millones son por la discrepancia entre lo pagado en salarios y pluses.
“Este fenómeno resulta inusual, conforme a la naturaleza del gasto correspondiente que se registra en esas partidas”, dice el informe de auditoría de la Contraloría.
Según el documento, desde el 2014 el Ministerio de Hacienda informó a la Contraloría que había inconsistencias en el dato del “pagado”, debido a un “error en la notificación de pagos que presenta el Sistema Integrado De Gestión De Administración Financiera (SIGAF)“, programa empleado por Hacienda para llevar un control sobre lo ejecutado del Presupuesto.
El 14 de marzo de 2016, Hacienda afirmó a la Contraloría mediante el oficio DCN-0175-2016 que se estaba llevando a cabo una actualización del SIGAF que subsanaría el inconveniente, y que solicitaron a la Tesorería Nacional el monto pagado realmente en salarios y contribuciones para poder realizar el ajuste contable y presentar las cifras reales de salidas de efectivo.
Sin embargo la Contraloría afirmó en su informe que dicha información nunca le fue remitida, al menos no antes de cerrar el informe de auditoría.
El 8 de abril de este año, Hacienda informó a la Contraloría mediante el oficio DCN-532-2016 que los datos del “devengado” reportados por el SIGAF eran los reales y reiteró que el sistema estaba dando problemas “en la aplicación de la transacción de Notificación de Pagos (FM00), que aplica lo correspondiente al pagado…”.
Inclusive en dicho oficio, Hacienda reconoció que de acuerdo con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) del Ministerio, no cuentan con el personal especializado necesario para poder subsanar el error y dar el mantenimiento respectivo al SIGAF.
“Esta situación revela la existencia de riesgos importantes en el funcionamiento del sistema utilizado para el registro de las operaciones propias, de la ejecución del presupuesto de la República, los cuales pueden materializarse, como ha ocurrido en el presente caso, en la generación de informes distorsionados de ejecución o de liquidación del presupuesto, afectando con ello los propósitos informativos, de control y toma de decisiones a que tales informes están orientados”, dijo el ente contralor en su informe.
OTROS ERRORES.
La auditoría reveló además que el Ministerio de Hacienda cometió errores de clasificación en la partida de ingresos por ”Impuesto sobre remesas al exterior” y gastos en la partida “Intereses sobre títulos valores del sector externo a largo plazo”, por un monto total de ¢12.281 millones de colones.
Esto porque la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un impuesto sobre remesas al exterior a favor del Gobierno, que aplicaría por medio de una retención, en el momento en que se cancelen los intereses derivados de la colocación de títulos en el exterior.
“En el 2015, el Gobierno canceló la totalidad de los intereses de la referida colocación de títulos valores en el exterior, sin que operara la retención ni la compensación de tal impuesto, por lo que en criterio de la Contraloría General dicho registro de ingresos y gastos no procedía. En consecuencia, los saldos de las citadas partidas de ingresos y de gastos, reportados en la liquidación presupuestaria de 2015, resultan sobrevaluados en el monto indicado”, dice el informe.
Asimismo, Hacienda clasificó erróneamente 848 millones de colones por concepto de devoluciones por intereses sobre impuestos, ya que los clasificó en “Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo” cuando lo correcto era registrarlos con cargo a la partidas de ingresos.
Esto originó una sobrevaluación en el rubro de Ingresos Corrientes y en los Gastos del periodo 2015 por 848 millones.
Hacienda cometió otros errores que sobrevaluaron o subvaluaron nueve subpartidas en el “Clasificador de los Ingresos del Sector Público”, relativos a los ingresos por impuestos.
Algunas de ellas, como la subpartida de impuesto sobre las ventas tiene diferencias de 225,5 millones de colones.
También según la Contraloría, hacienda reconoció como “ingresos” 533 millones de colones que fueron recaudados por medio de los bancos comerciales el 29 de diciembre de 2015, sin embargo el depósito se hizo hasta el 4 de enero de este año, por lo que Hacienda sobrevaluó los ingresos tributarios del 2015 en dicha suma.
Igualmente, Contabilidad Nacional omitió registrar en el 2015 un total de 1679 millones de colones correspondientes a las transferencias corrientes del FODESAF, correspondientes al mes de diciembre de 2014 y cuyo pago se hizo efectivo hasta 2015. Esto originó que la partida de ingresos por transferencias corrientes del 2015 quedara subvaluada por ese monto.
Asimismo, en la subpartida “Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales”, la Contraloría detectó que Hacienda erróneamente devengó la suma de 6464 millones de colones, correspondientes al reconocimiento de las comisiones por la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos por 3349 millones, a la comisión por recaudación de impuestos tributarios por medio del Sistema de Información y Liquidación (ILI) que realiza los bancos comerciales por 2968 millones y por la comisión por la recaudación del Canon del Consejo de Transporte Público por ¢148 millones.
“La naturaleza de dichas comisiones, no se relaciona ni deriva de ningún préstamo obtenido por la institución, para que sea registrada en el centro gestor del Servicio de la Deuda Pública“, dijo la Contraloría.
Este error de Hacienda alteró en 6464 millones de colones el gasto por endeudamiento.
De igual forma, el Ministerio de Hacienda registró de manera errónea en la partida “Amortización de títulos valores internos de largo plazo” la suma de 31.645 millones de colones, en la partida de “Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo” por 1236 millones y en la partida de Servicio de la Deuda Pública por 18 millones.
Dichos montos correspondían a pagos realizados por el Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense de Seguro Social, por las obligaciones establecidas en los convenios de pago suscritos el 13 de julio de 2011 y 30 de setiembre 2015.
“De acuerdo con lo establecido en el Clasificador por objeto del gasto del Sector Público, dichas transacciones no corresponden con la naturaleza y tipo de operaciones que se registran en dichas partidas presupuestarias, debido a que las transacciones que originaron los registros no corresponden a la colocación o redención de títulos valores, sino al pago de deudas que se tiene con dicha institución, además, de que su registro se realizó en un programa presupuestario cuyo fin no tiene relación con el tipo de pagos efectuados”, detalló la Contraloría.
Otro de los errores cometidos por Hacienda según la auditoría, fue reconocer en las partidas “intereses sobre préstamos de sector externo” y “amortización de préstamos del sector externo”, la suma de 101 millones y 522 millones respectivamente, correspondiente a los pagos que realizó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), producto del convenio suscrito el 16 de diciembre de 2003, para satisfacer la deuda interna acumulada por la contribución a la seguridad social a cargo del Estado.
