San José, 28 oct (elmundo.cr)- Desde el 2013, tanto la Dirección de Aguas del Minae, como el Ministerio de Salud, desoyeron varias pesquisas ordenadas por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), para determinar si el botadero de basura en Pococí contamina el ambiente.
El TAA le tiene un expediente abierto al botadero de basura de la empresa CTM, en Pococí, propiedad de Milton Fonseca Corrales, sin embargo, Salud y el Minae otorgaron los permisos respectivos sin que se zanjaran las dudas por contaminación de aguas. LEA TAMBIÉN: Botadero de Pococí opera pese a expediente abierto en Tribunal Ambiental
Tras las observaciones emitidas en 2013, dos años después, el 26 de noviembre de 2015, el Tribunal ordenó a las autoridades de estas entidades indicar si el botadero contaba con los permisos correspondientes y comprobar un posible impacto ambiental en la zona.
Por ello, al director de la Dirección de Aguas, José Miguel Zeledón, se le ordenó inspeccionar el sitio donde opera la Corporación Tecnológica Magallanes.
Asimismo, se le solicitó verificar las condiciones de los cuerpos de agua ubicados en el botadero de basura y, en caso de encontrar daño, elaborar la respectiva valoración económica de la afectación al ambiente. Para ello se dio un plazo de 10 días.
Al director de la región Huetar Atlántica del Ministerio de Salud, Alexander Salas López, se le pidió remitir un informe detallado en el que se indicaran las acciones administrativas que la entidad había realizado respecto a la operación de CTM.
También se le demandó al secretario general de Setena, Marco Arroyo Flores, certificar la existencia o no de viabilidad ambiental o si se otorgó debidamente este permiso a la Corporación Tecnológica Magallanes o de la Municipalidad de Pococí.
Respuestas y omisiones
Tres meses después, el 9 de febrero de 2016, la Dirección de Aguas emitió un informe al TAA, dejando en evidencia que en la finca donde opera CTM, existen cuatro cuerpos de agua y se da un vertido proveniente del sistema de tratamiento que supuestamente opera en el sitio, al tiempo que se observó la presencia de un escurrimiento de agua.
A pesar de que Magallanes está a cargo de la basura del cantón desde el 2010, seis años después la Dirección de Aguas le confirma al Tribunal, que no había emitido ningún permiso de vertido y únicamente había una solicitud en proceso de admisibilidad.
En la resolución del 8 de marzo de 2016 del TAA, se concluye que la municipalidad mediante oficio del 8 de diciembre de 2015, justifica la operación del relleno, argumentando que cuenta con sistemas de recolección y tratamiento de lixiviados, mediante el “uso de novedosos humedales construidos”.
Según el alcalde de aquel entonces, Jorge Emilio Espinoza Vargas, Magallanes efectuó dos procesos para solicitar el permiso de reconversión del sitio a relleno sanitario, pero fueron rechazados por Setena, ya que “ese mecanismo no estaba contemplado en la legislación nacional”.
La dirección de Aguas, con base en las respuestas enviadas al Tribunal, determinó emitir medida cautelar contra CTM, que consistía en suspender de forma inmediata el vertido localizado en la quebrada tres, por no contar con los permisos que otorga la entidad.
En la resolución del tribunal N.° 699-16-TAA por denuncia de corta de árboles y otros, la Dirección de Aguas del MINAE volvió a determinar que se presentaba “un escurrimiento de agua “, que había sido recomendado tener bajo observación.
Además, se le ordenó (por segunda ocasión) al director de Aguas del MINAE, José Miguel Zeledón Calderón, cumplir con la resolución que pedía la observancia en el comportamiento del vertido.
En cuanto a Setena, El 16 de junio de 2016, el TAA apuntó que el secretario general, Marco Arroyo, había recibido cuatro notificaciones durante un año para que explicara si CTM contaba con el permiso ambiental.
El TAA sigue arrastrando dudas. Un nuevo informe del 11 de agosto del 2016, se le ordena por segunda vez al director de la región Huétar Atlántica, Alexander Salas López, que cumpla con informar sobre “cumplimiento de la normativa ambiental vigente”.
Lo anterior para determinar si la empresa CTM había presentado documentación sobre la recomendación de vertedero a relleno sanitario.
La bióloga Gabriela Nájera Ocampo, por medio de un informe técnico, dijo desconocer si el sistema de recolección de lixiviados se encontraba en la totalidad del sitio impactado con basura y si el tratamiento implementado de forma parcial tenía los permisos de Salud.
El Tribunal Ambiental le ordenó a Milton Fonseca Corrales remitir la memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de lixiviados.
En la resolución más reciente (2017), el tribunal acogió una recomendación del Ministerio de Ambiente, para que sea la Comisión Nacional de Humedales la que determine si hay contaminación de aguas en el sitio.
A pesar de que el expediente sigue abierto, no ha habido avances en esta investigación, al menos en la documentación entregada por Ambiente a este medio de comunicación.
Este diario hizo consultas tanto a la Municipalidad de Pococí, al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Salud, sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.
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