San José, 26 feb (elmundo.cr) – El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) celebró que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó la medida cautelar del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE) contra el decreto sobre 5G.
Se trata del decreto ejecutivo N.° 44196-MSP-MICITT que estableció el Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, que se publicó en el diario oficial La Gaceta el jueves 31 de agosto de 2023.
Además el Tribunal levantó la medida provisionalísima que se había dispuesto hace más de un año en contra del Reglamento de Ciberseguridad para las tecnologías 5G y superiores.
El Micitt explicó que entre las principales conclusiones de la sentencia se destacan que no hay evidencia de un impacto económico negativo provocado por el Decreto Ejecutivo, ni tampoco una afectación financiera para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La ministra del Micitt, Paula Bogantes, celebró estas resoluciones y afirmó que “permiten avanzar en el fortalecimiento de la implementación de la tecnología 5G y superiores mediante el decreto que busca promover el uso seguro de las redes y proteger la privacidad y confidencialidad de los datos y comunicaciones de los usuarios”.
Bogantes también destacó la importancia de la ciberseguridad en el contexto actual, recordando los serios problemas que ha enfrentado el país con los ciberataques a diversas instituciones.
Asimismo, el viceministro de telecomunicaciones, Hubert Vargas, indicó que “con este fallo nuevo fallo a su favor, la justicia ordinaria respalda por cuarta ocasión en esta misma materia, el trabajo realizado por el equipo técnico y jurídico del viceministerio, y se espera el mismo resultado favorable en los otros procesos judiciales pendientes de resolución”.
El Micitt aseguró que se encamina a consolidar la implementación de la tecnología 5G que ha priorizado como objetivo de política pública, el desarrollo rural y el incremento de la competitividad país, en un entorno con protección normativa para las infraestructuras por las que trasiegan los datos de los usuarios y la propiedad intelectual de las empresas que confían en Costa Rica para hacer negocios.
