San José, 12 nov (elmundo.cr)- El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, informó que, con corte a las 11 de la mañana de este jueves, cerca de 36 mil funcionarios indicaron ausentarse de sus labores el día de ayer con motivo de la huelga, lo que representa entre un 30% y un 35% de todos los funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Sánchez explicó que, tomando en consideración la asistencia del día anterior, también participaron personas estudiantes de las universidades, sindicatos de las universidades, administrativos de las universidades y otros actores. Señaló que, aunque “un gran porcentaje de estas personas se quedaron en su casa”, no se habilitaron ciertos servicios fundamentales y esenciales, como los comedores escolares estipulados en la normativa 175, los cuales no fueron abiertos y afectaron a miles de estudiantes.
Asimismo, indicó que hay reportes de más de 800 centros educativos con problemas de aseo, de seguridad y, sobre todo, en la atención de población con discapacidad. El ministro enfatizó que todos estos son servicios establecidos en la ley que no se pueden afectar con la huelga.
“Esto es parte de los requerimientos que hemos colocado en el informe que se ha trasladado a la Procuraduría General de la República para que sea el juzgado de trabajo que declare la legalidad o ilegalidad de la huelga”, afirmó Sánchez.
El jerarca recordó que estas acciones son parte de lo que la normativa obliga a todo jerarca sobre cómo debe actuar cuando se presenta un movimiento de huelga. Agregó que los movimientos de huelga deben responder a una motivación, en este caso, una afectación a sus afiliados en términos sociales y económicos, y que eso es lo que se está verificando.
En resumen, Sánchez sostuvo que “cientos de miles de estudiantes no pudieron ayer recibir clases y miles de estudiantes en condición de vulnerabilidad no tuvieron acceso a educación ni a comedores escolares”.
Finalmente, el ministro detalló que la normativa establece una serie de requerimientos previos, durante y después de la huelga que deben cumplir tanto los sindicatos como el MEP. La documentación fue trasladada la noche del miércoles a la Procuraduría General de la República y, según los tiempos establecidos por ley, este jueves la Procuraduría debe remitirla al juzgado de trabajo para que tenga la información de todas las partes y tome la decisión sobre la legalidad o no de la huelga.
