San José, 6 dic (elmundo.cr) – El Incentivo de Desarrollo a la Docencia, conocido como IDD, se estableció en 1994 con la finalidad de que el docente pudiera disponer de recursos para satisfacer las necesidades de materiales didácticos para uso en el aula.
Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635 del 2018, el incentivo tomaba como base de cálculo el salario total, es decir, la base más pluses salariales, al que se le agregaba el equivalente a 8,33%.
Esta Ley estableció que el cálculo para el pago del IDD debía tomar en cuenta solo el salario base más un monto fijo. La fórmula nunca se aplicó y más bien se mantuvo la anterior, generando sumas giradas de más.
Con el fin de impedir que el salario de los educadores se viera reducido con el cobro de estas sumas, entró en vigencia la Ley N° 10137 de febrero del 2022, denominada Ley para Prevenir la Reducción de los Salarios de los Educadores, que restableció el cálculo del IDD, sobre el salario total devengado y no sobre el salario base como lo establecía la ley N° 9635.
Con la entrada en vigencia de la Ley N° 10423, firmada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves y la ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller se autoriza, de forma inmediata, que las sumas percibidas por el personal del Ministerio de Educación Pública, por concepto de IDD, desde la entrada en vigencia de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas en 2018 hasta su efectiva nominalización en 2023, se consideren como un rubro bien pagado por la Administración y percibido de buena fe por el personal docente, administrativo y técnico docente y se exime al MEP de la obligación de reclamar su pago.