San José, 19 feb (elmundo.cr) – Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), contenidos en la Encuesta Continua de Empleo (ECE), evidencian que cerca de dos millones de personas se encuentran fuera de la fuerza de trabajo.
Este comportamiento en la participación laboral no solo representa un fenómeno social, sino también un desafío estructural para las finanzas públicas y la sostenibilidad del sistema de seguridad social del país, según advierte el abogado tributario Gabriel Zamora Baudrit.
De acuerdo con la medición oficial, la magnitud de la población inactiva implica que el país deja de percibir ingresos no solamente en materia de impuesto sobre los salarios administrado por el Ministerio de Hacienda, sino también en contribuciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tanto en su componente obrero como patronal.
Más allá de la cifra puntual, el impacto radica en la reducción de la base contributiva. Menos trabajadores formales implica menor recaudación por impuesto sobre la renta salarial, menores aportes a la seguridad social y una presión creciente sobre el equilibrio financiero del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que depende del flujo constante de cotizaciones activas para sostener el pago de pensiones actuales y futuras.
Zamora Baudrit señala que el fenómeno también tiene efectos indirectos sobre la economía en su conjunto. “Cuando una persona está fuera del mercado laboral formal, no solo se pierde una cotización a la seguridad social o una retención de impuesto sobre salarios; se pierde también capacidad de consumo. Eso reduce la dinámica económica y, en consecuencia, disminuye la recaudación de impuestos vinculados al consumo, particularmente el IVA”, afirmó.
El especialista explica que la salida o inactividad prolongada de trabajadores limita la circulación de ingresos en la economía, afectando sectores productivos, comercio y servicios. Esta menor actividad económica repercute directamente en la recaudación tributaria general, ya que el consumo es uno de los principales motores de ingresos fiscales.
Asimismo, advierte que el problema tiene implicaciones estructurales. “La sostenibilidad del sistema depende de una relación saludable entre personas que cotizan y personas que reciben beneficios. Si la base de cotizantes se reduce o crece más lento que la población pensionada, la presión financiera sobre el IVM aumenta”, indicó Zamora Baudrit.
De mantenerse esta tendencia, el país podría verse forzado a adoptar medidas drásticas como aumentar cotizaciones, elevar la edad de retiro, reducir beneficios o trasladar mayores cargas al presupuesto nacional.
