San José, 13 nov (elmundo.cr) – El Informe Estado de la Nación 2018 señala que en Costa Rica un menor crecimiento de la recaudación afecta de modo negativo la solvencia de las finanzas públicas.
Según el informe en 2017 los ingresos tributarios se expandieron un 5,4%, la cifra más baja desde la recesión de 2009.
Esto se encuentra asociado a la desaceleración de la economía, dado que la reducción del consumo de los hogares y las ventas de las empresas disminuye a su vez la recaudación de impuestos.
El informe también indica que las medidas administrativas que fueron implementadas en años posteriores a la crisis han tenido un margen de acción limitado.
Como la retención parcial del impuesto sobre la renta a los pagos con tarjetas de crédito y débito, que permitió un crecimiento de dos dígitos en la recaudación de ese impuesto, que en 2017 se convirtió en la principal fuente de ingresos, superando por primera vez el aporte del impuesto sobre las ventas.
Pero su impacto fue por un descenso en el incumplimiento tributario, no por una mejora en las ganancias de las empresas.
El informe menciona que la reforma fiscal que sea implementada debe contemplar aumento en los ingresos tributarios ya que Costa Rica tiene una carga tributaria de 13,4%, inferior al promedio de América Latina.
“Aunque el país necesita recursos frescos, se debe evitar que el posible incremento de los impuestos ocasione fuertes reducciones en el gasto de consumo de los hogares y en la inversión, en un contexto macroeconómico que ya es adverso para la generación de oportunidades”, señalan.
La Administración Solís Rivera implementó un modelo predictivo y prospectivo de riesgos fiscales, que permite identificar con mayor facilidad las empresas donde se requieren auditorías, sin embargo, este proyecto finalizó en febrero del 2018, dado que era implementado mediante subcontrato por una firma privada.
El informe le recomienda al Ministerio de Hacienda darle continuidad a este tipo de herramientas y le señala la necesidad de “cruzar” la base de datos de contribuyentes de la Dirección General de Aduanas y la de la Dirección General de Tributación, lo cual facilitaría el control de la evasión fiscal, las declaraciones de renta y las exoneraciones.
El Ministerio de Hacienda, en la actualidad, no tiene un registro oficial de cada una de las exoneraciones fiscales vigentes.
Las exoneraciones deben ser utilizadas para favorecer sectores vulnerables; sin embargo en Costa Rica han sido parte de una mala práctica política.
Durante la Administración Solís Rivera el total de exoneraciones aprobadas con respecto al gobierno anterior se duplicó y fue el más alto desde 2002.
Por otro lado, el 65% de las exenciones promulgadas entre 2014 y 2018 no define con claridad el impuesto al que se asocia.
