San José, 6 may (elmundo.cr) – La diputada Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático, presentó una reforma al reglamento legislativo que busca dar mayor garantía sobre los recursos que las universidades necesitan para la continuidad de sus servicios, mediante mecanismos claros.
El artículo 85 de la Constitución Política establece que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se negocia entre las universidades públicas y el Poder Ejecutivo, y que en caso de que no se alcance un acuerdo, el proceso debe pasar a una especie de arbitraje que le corresponde a la Asamblea Legislativa.
Dicha reforma constitucional se aprobó hace cerca de 40 años, pero las décadas han pasado sin que el reglamento parlamentario establezca un mecanismo que defina cómo realizar la mediación.
Ante este vacío, la diputada Alpízar propone incorpora un nuevo apartado denominado “CAPÍTULO V. Trámite del diferendo respecto de la aprobación del monto. Presupuestario del plan nacional de Educación Superior”, con 9 artículos que definen un trámite abreviado para abordar el arbitraje (Expediente Nº 23.834).
“Hasta ahora no ha sido necesario echar mano de este recurso y confío en que el diálogo entre el Gobierno y las universidades siempre alcanzarán el acuerdo requerido, no obstante, este vacío reglamentario podría afectar el funcionamiento de las universidades públicas el día que el proceso pase a la Asamblea Legislativa”, comentó la diputada.
Esta reforma delega el análisis del tema a la Comisión de Asuntos Hacendarios antes de que pase al Plenario Legislativo, considerando que esa comisión es la encargada de ver el tema de presupuestos.
“El objetivo primordial es asegurar un mecanismo que atienda el tema del FEES de manera responsable, abreviado y expedito, conforme al mandato constitucional que prioriza el financiamiento de la educación superior por su importancia en el desarrollo del país. Mal haríamos al no tener previsto en el reglamento legislativo un procedimiento definido y eficiente, el día que sea requerido”, concluyó la legisladora.
En este marco, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda a los países latinoamericanos mejorar la eficiencia del gasto público y elevar el nivel educativo para superar las dificultades económicas causadas por la pandemia. Como país integrante de la OCDE, definir este mecanismo contribuirá a utilizar eficientemente los recursos y mejorar la calidad de la educación superior, como herramienta de progreso social y económico para Costa Rica.
