San José, 26 sep (elmundo.cr) – A pocos días de iniciar la contienda electoral de 2026, un foro realizado en la Universidad Nacional (UNA) reveló que la mayoría de los partidos políticos en Costa Rica incumple la ley 10.235, que busca prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política.
Wendy González, magistrada suplente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), fue una de las participantes en el foro “Violencia política contra las mujeres”, organizado por la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) y el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la UNA.
González señaló que, de los partidos inscritos a nivel nacional, solo 13 cumplen con la normativa, mientras que 21 la incumplen. La situación es aún más preocupante en el ámbito cantonal, donde solo tres partidos aplican la ley, frente a 20 que la ignoran.
La ley 10.235 exige que tanto los partidos como las instituciones públicas cuenten con una política interna que evite y sancione la violencia política contra las mujeres. Esta política debe incluir un órgano competente para investigar y establecer procedimientos y sanciones, según el artículo 6 de la ley. El artículo 7 establece que, en caso de incumplimiento, el TSE puede retener el 25% del monto liquidado por el partido para gastos de capacitación. Sin embargo, González explicó que los partidos evaden esta sanción al no liquidar gastos de capacitación, sino solo gastos de organización, lo que ha impedido la aplicación efectiva de la sanción.
González enfatizó que el TSE no es responsable de investigar los incumplimientos, sino que esta tarea recae en las propias instituciones a través de sus políticas internas. La magistrada no tenía a mano los nombres de los partidos que no han cumplido, y la información tampoco está disponible en el sitio web del Departamento de Financiamiento de Partidos del TSE.
Durante el foro, se destacó la importancia de la igualdad y la paridad de género para fortalecer la democracia. González identificó dos desafíos clave: el conocimiento de las mujeres políticas sobre sus derechos y deberes según la ley 10.235, y un cambio cultural que reconozca y valore estos derechos.
Yolanda Pérez, vicerrectora de Extensión de la UNA, señaló que, a pesar de los avances de las mujeres en diversos ámbitos, la violencia política persiste y es interseccional, cruzándose con otras formas de discriminación. Pérez denunció que la violencia se manifiesta en comentarios violentos, mensajes que ridiculizan a las mujeres y expresiones misóginas.
El informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 para Costa Rica reveló un aumento significativo de la violencia de género en las redes sociales, pasando de poco más de 100 mil casos en 2021 a 491 mil ataques este año.
Ana Soto, investigadora de la PIEG, denunció la intención de desvincular los espacios académicos de la política. Soto distingue entre “violencia contra las mujeres en la política” y “violencia política contra las mujeres”, esta última experimentada en espacios como las universidades, donde persiste la discriminación y la masculinización de los cargos de dirección. Soto hizo un llamado a la UNA para habilitar más espacios de atención de denuncias, promover cambios normativos y un mayor posicionamiento político hacia una “ciudadanía universitaria igualitaria”.
Ericka García, también investigadora de la PIEG, indicó que, entre 2012 y 2025, se han publicado 12 artículos científicos sobre violencia política en América Latina, siendo México y Argentina los países con más publicaciones. Las principales temáticas abordadas incluyen las manifestaciones de la violencia en la política electoral, las estrategias legales y los mecanismos de prevención, y los algoritmos relacionados con la interseccionalidad y la desinformación.
