Más de mil organizaciones y exvicepresidenta llaman a rechazar jornadas de 12 horas

San José, 3 jul (elmundo.cr) – La Asociación Ciudadana ACCEDER, junto a 1.236 organizaciones y personas firmantes, entre ellas la exvicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, emitieron un llamado urgente a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa y a las candidaturas presidenciales para rechazar el expediente legislativo 24.290, que busca establecer jornadas laborales de hasta 12 horas diarias sin el pago de horas extra.

Este proyecto, que se tramita bajo un procedimiento de vía rápida que limita el análisis profundo y democrático, representa un retroceso en los derechos laborales, afectando especialmente a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Aunque se presenta como una medida excepcional, en la práctica legalizaría jornadas extenuantes que implican trabajar más horas por menos salario.

Las organizaciones firmantes representan una amplia diversidad del tejido social costarricense, incluyendo movimientos feministas, colectivos estudiantiles, sindicatos, agrupaciones LGBTIQ+, defensoras de derechos humanos, comunidades rurales e indígenas, así como organizaciones ambientales y académicas. Este respaldo plural refleja la preocupación de múltiples sectores ante la posibilidad de legalizar jornadas que comprometen la salud, derechos y dignidad de la clase trabajadora.

Entre las razones para oponerse, destacan:

  • Impactos en salud y calidad de vida: Una cuarta parte de los trabajadores en Costa Rica pasa más de cuatro horas diarias en traslados. Sumado a una jornada de 12 horas, el tiempo restante no alcanza para cubrir necesidades básicas de descanso, afectando la salud física y mental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han vinculado estas jornadas con muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.

  • Efectos diferenciados sobre las mujeres: Las mujeres dedican en promedio 36 horas semanales a tareas domésticas y de cuidado, más del doble que los hombres. La legalización de jornadas extenuantes profundizaría las desigualdades estructurales de género y violaría compromisos estatales en materia de igualdad.

  • Falta de sustento técnico: Los impulsores del proyecto no han presentado datos verificables ni estudios que justifiquen beneficios económicos o de productividad. Por el contrario, informes como el del Estado de la Nación advierten sobre impactos negativos en bienestar, movilidad urbana y cohesión social.

  • Riesgo de coacción laboral: Es irreal pensar que estas jornadas serán voluntarias, dado el desequilibrio de poder entre empleadores y trabajadores, lo que podría derivar en abusos y coacción.

Janekeith Durán Barberena, del equipo de Estrategia Jurídica e Incidencia de ACCEDER, declaró que “este proyecto no solo viola principios mínimos de dignidad laboral, sino que expone a las personas trabajadoras a graves afectaciones de salud, debilita los estándares de derechos humanos y abre la puerta a nuevas formas de explotación. Exigimos a las diputadas y diputados votar negativamente este proyecto de ley. ¡Nos oponemos a trabajar más horas al día por menos salario!”.

El proyecto 24.290 ha avanzado recientemente en la Asamblea Legislativa bajo la vía rápida, con el respaldo del Partido Liberación Nacional (PLN), que condicionó la aplicación de estas jornadas a una votación secreta entre los trabajadores de cada empresa interesada. La iniciativa contempla jornadas de 12 horas diurnas y mixtas durante cuatro días con tres días libres, y jornadas nocturnas de 12 horas durante tres días con cuatro días libres. Se aplicaría a sectores específicos como manufactura tecnificada, industria de implementos médicos y servicios corporativos en zonas francas, excluyendo labores pesadas, peligrosas o insalubres.

El Gobierno y cámaras empresariales defienden el proyecto como una medida para atraer inversión, generar empleo y mejorar la competitividad, especialmente fuera de la Gran Área Metropolitana. Sin embargo, la oposición social y sindical advierte que esta reforma precariza las condiciones laborales y afecta la salud y calidad de vida de miles de trabajadores.

ACCEDER y las organizaciones firmantes reiteran su llamado a la Asamblea Legislativa para que no apruebe esta iniciativa y promuevan en cambio políticas que respeten la salud, dignidad y derechos laborales de las personas trabajadoras en Costa Rica.

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