San José, 14 ago (elmundo.cr) – En total de 72 organizaciones y 3.386 personas firmaron una carta pública en la que advierten sobre los graves impactos ambientales, sociales y jurídicos del megaproyecto Bahía Papagayo, en Guanacaste, y denuncian la persecución judicial contra influencers y defensores ambientales que han cuestionado el desarrollo.
El documento fue difundido este martes por la Asociación Ciudadana ACCEDER, GuanaDefensoras y Antigentrificación CR.
Según detallan, el proyecto impulsado por la empresa Enjoy Hotels and Resorts S.A. contempla 117 hectáreas para la construcción de un hotel de 130 habitaciones, un condohotel con 105 habitaciones, ocho edificios de tiempo compartido (256 habitaciones), 100 lotes residenciales con hasta 200 habitaciones, así como un country club con gimnasio, piscinas, salones de eventos, canchas y áreas recreativas. Todo esto en terrenos actualmente cubiertos de bosque y colindantes con manglares y acuíferos estratégicos.
La carta cuestiona que la viabilidad ambiental fuera otorgada por Setena sin audiencia pública y con base, aparentemente, en estudios contratados por la propia empresa, sin un análisis exhaustivo del impacto sobre ecosistemas frágiles.
Desde GuanaDefensoras afirmaron que “permitir la construcción masiva de megaproyectos en una zona con un ecosistema frágil, es condenar a los locales y a las futuras generaciones a perder su derecho al agua y a la tierra propia”, advirtiendo que en una provincia con problemas históricos de sequía, este tipo de desarrollos suelen agravar la especulación inmobiliaria, generar desplazamientos y alterar el tejido social.
Las organizaciones denuncian que, como represalia por visibilizar estas irregularidades, Enjoy Hotels and Resorts S.A., a través del bufete BLP Legal, interpuso una demanda civil y solicitó embargo preventivo de bienes contra personas críticas del proyecto, lo que ha provocado el congelamiento de cuentas y afectaciones patrimoniales.
“Estamos ante un uso abusivo del sistema judicial para amordazar la crítica legítima de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Embargar a personas defensoras por ejercer su libertad de expresión es desproporcionado y peligroso. La defensa del ambiente no es un crimen”, expresó Janekeith Durán Barberena, del equipo jurídico de ACCEDER.
La Fiscalía Ambiental de Santa Cruz mantiene abierta una investigación penal de oficio por presunta tala ilegal en terreno boscoso, y ya secuestró los expedientes de concesión al grupo hotelero.
Entre las exigencias planteadas en la carta pública se encuentran:
- La nulidad de la viabilidad ambiental del proyecto.
- Una audiencia pública y consulta transparente.
- Protección efectiva a personas defensoras del ambiente.
- El cese de medidas judiciales contra críticos del desarrollo.
- Solidaridad con quienes han denunciado otros proyectos similares.
Las organizaciones sostienen que este caso “no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de silenciamiento, intimidación y abuso de poder económico” contra quienes alzan la voz por el bien común en Guanacaste.
