San José, 07 nov (elmundo.cr) – Mediante un pronunciamiento firmado por más de 300 personas, entre ellos activistas de derechos humanos, solicitaron a los diputados rechazar y archivar el proyecto de ley 22.530, que pretende ampliar la vida útil de los buses.
La solicitud se da a raíz de la reciente aprobación en la Comisión de Asuntos Económicos del proyecto de ley No 22.530, LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL SECTOR AUTOBUSERO NACIONAL.
Ante esto señalan que, es de nuestro interés hacer de su conocimiento nuestro rotundo rechazo al proyecto de ley, por las siguientes razones:
1. El proyecto de ley no contempla criterios técnicos que justifiquen la ampliación de la vida útil de los autobuses por 5 años más. Así lo señaló el Informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
2. Dicho proyecto pretende modificar la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, por lo que impacta la vida de dicha población y tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la misma Ley 7600, debe ser consultado a las organizaciones y personas con discapacidad, sin embargo, esto no sucedió.
3. El proyecto de ley presenta vicios de legalidad y procedimiento que han sido señalados por sectores como el de discapacidad y de movilidad.
4. El proyecto de ley se fundamenta como medida de recuperación postpandemia en favor del empresariado de autobuses de ruta regular, sin embargo, no es la primera vez que se ha intentado ampliar a 20 años la vida útil de los autobuses, ya que en el año 2009, bajo el expediente N°17.267, se intentó hacerlo, siendo dictaminado negativamente y archivado. Dicho dictamen hizo énfasis en el voto N°11344-2006, que señalaba que, “la reforma carece de fundamentación técnica necesaria para sostener su razonabilidad en cuanto a la ampliación”.
5. En oficio CNT-382-2022 de la Cámara Nacional de Transportes, señala que la flota en promedio tiene una vida de 6, 8 años, por lo que ni tan siquiera han llegado a los 15 años que actualmente la ley señala, por lo tanto, no existe necesidad de ampliar a 20 años, cuando todavía les queda 9, 7 años para alcanzar lo establecido en la ley.
6. El Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, establece objetivos, metas y compromisos en materia de transporte público, por lo que el proyecto de ley va en contra de dicho plan Estatal.
7. El país ha suscrito distintos Tratados Internacionales, que serían violentados con este proyecto de ley, tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
8. El libre tránsito es un derecho fundamental, contemplado en nuestra Carta Magna, sin embargo, actualmente ese derecho no es garantizado a todas las personas, ya que hay personas con discapacidad que por la falta de accesibilidad en el transporte público, se les es limitado ese derecho Constitucional.
9. El servicio de transporte público debe ir direccionado a garantizar un servicio de calidad, seguro, inclusivo y amigable con el medio ambiente, no en detrimento de la calidad de vida de las personas usuarias, como lo pretende el proyecto de ley N°22.530.
Para la firmantes “es por todos los vicios de forma y de fondo antes señalados que vemos con extrema preocupación el avance del proyecto de ley N°22.530, ya que el mismo lesiona de manera negativa los Derechos Humanos de las personas usuarias del transporte público y en especial de las personas con discapacidad”.
“Hacemos un llamado a los señores diputados y señoras diputadas para que rechacen y archiven este proyecto de ley”, concluyeron.
