Redacción, 20 nov(elmundo.cr)- En sesión de Junta Directiva el pasado 10 de noviembre, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) aprobó el establecimiento de nuevas licencias para la pesca de arrastre de camarón, sin tener en cuenta el voto de la Sala Constitucional del año 2013, según la Fundación MarViva.
“En este caso, Incopesca está atribuyéndose funciones de la Asamblea Legislativa al establecer nuevas licencias por medio de un acuerdo de Junta Directiva. Según la sentencia de la Sala, se requiere de una reforma legal con el correspondiente respaldo científico y tecnológico”, señaló Jorge Jiménez, director General de la Fundación.
En la sentencia 10540-2013, la Sala Constitucional anuló los artículos de la Ley de Pesca relacionados con permisos y licencias para pesca de camarón con redes de arrastre.
Dicho órgano consideró que permitir este tipo de pesca se opone al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la obligación de proteger las bellezas naturales, a la seguridad alimentaria del país y es, también, violatorio del principio de desarrollo sostenible democrático y preventivo; todo ello generando una lesión a los numerales 6,7,21,50,69 y 89 constitucionales.
“La Asamblea no ha aprobado ninguna Ley permitiéndole y hasta la fecha la Universidad Nacional y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología han expresado que no existen dichos estudios que avalen la sostenibilidad de esa pesquería”, agregó Jiménez.
Desde el año 2013, Incopesca tiene prohibido otorgar o renovar permisos, autorizaciones o nuevas licencias, que se encuentren vencidas o inactivas para pesca de camarón con redes de arrastre.
Su Junta Directiva, no avalada por la comunidad científica del país se arrogó el derecho de establecer nuevas licencias para el arrastre de camarón, sin contar de previo, con una Ley para esto, continúa dicha Fndación.
La Sala Constitucional señaló que el método utilizado en la pesca de arrastre de camarón, al capturar todo tipo de especie marina, no solo afecta los intereses de las personas dedicadas a la pesca artesanal de camarón, sino también los intereses de todos los pescadores artesanales.
La Fundación MarViva hace “un llamado al Gobierno y la Junta Directiva de INCOPESCA a cambiar su posición sobre este tema y respetar el voto de la Sala Constitucional en todos sus extremos. Más de cuatro años después de la Sentencia de la Sala, el gobierno no ha logrado establecer alternativas para los pescadores, impulsando obstinadamente un mal concebido Proyecto de Ley que no tiene el sustento de la mayoría de las comunidades costeras, de la Academia ni del Sector Ambiental”.
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