San José, 15 ene (elmundo.cr) – El precandidato presidencial de Liberación Nacional, Marvin Taylor, presentó formalmente ante el Ministerio Público una denuncia contra los responsables de la contratación de vallas publicitarias que exigen la renuncia de varios jerarcas.
Las vallas fueron pagadas por el empresario turístico de la zona de Quepos, Boris Marchegiani.
Estas fueron contratadas a la empresa Publiex, y piden la renuncia del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, la contralora Marta Acosta, el fiscal general, Carlo Díaz y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
Taylor indicó que dichas vallas constituyen una clara violación del orden constitucional. “No se trata de una simple expresión de descontento; estas acciones podrían calificarse como propaganda contra el orden constitucional, según lo estipulado en los artículos 301, 302 y 303 del Código Penal”.
En la denuncia penal el liberacionista sostiene que estas vallas podrían configurarse como delitos de acción pública, incluyendo rebelión y propaganda contra el orden constitucional, dado que promueven un discurso que incita a la desobediencia hacia los organismos democráticos del Estado.
Fundamentos legales de la denuncia
La denuncia está sustentada en los principios establecidos por la Constitución Política de Costa Rica y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En particular, se destaca el Artículo 4 de la Constitución, que establece: “Ninguna persona ni reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos ni hacer peticiones a su nombre”. Este principio es la base para considerar que actos como los denunciados atentan contra el orden constitucional.
El documento también detalla que:
- El delito de rebelión sanciona con prisión de dos a diez años a quienes se alcen en armas o promuevan la subversión del orden constitucional.
- La propaganda contra el orden constitucional, según el artículo 303 del Código Penal, contempla penas de seis meses a tres años para quienes inciten la derogación de principios fundamentales mediante medios ilegítimos.
Finalmente, Taylor hizo un llamado a la reflexión como sociedad para superar las polarizaciones que amenazan con minar los cimientos democráticos del país.
“Es momento de construir puentes en lugar de cavar brechas; de fortalecer nuestras instituciones y no debilitarlas. Como costarricenses, debemos comprometernos a defender los valores que nos han definido como una nación de paz y democracia”, concluyó.
