San José, 28 sep (elmundo.cr) – La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) denunció que la presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Esquivel, firmó el nombramiento de Marielos Gutiérrez como gerente general, a pesar de que ambas se encuentran involucradas en el escándalo judicial conocido como el caso “Barrenador”.
Este caso, que salió a la luz el 23 de septiembre, investiga presuntas adjudicaciones con sobreprecio en la contratación de Equipos Básicos de Atención Integral (Ebáis) por parte de la CCSS.
Según la denuncia, Marta Esquivel realizó el nombramiento el pasado miércoles 25 de septiembre, en medio de audiencias judiciales en las que se les están estableciendo medidas cautelares a las funcionarias implicadas en el caso. Gutiérrez ocupará el cargo de gerente general por un período de seis meses, con un salario mensual de ¢5.415.000, a pesar de estar en pleno proceso judicial.
“Es deplorable este nombramiento”, señaló Luis Chavarría, secretario general de Undeca. “Es inadmisible que ambas funcionarias, tras haber sido detenidas por el caso Barrenador, sigan ejerciendo sus funciones como si nada hubiera pasado. Esto constituye una burla al sistema de justicia”, agregó el líder sindical.
El caso Barrenador comenzó cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público llevaron a cabo 28 allanamientos el 23 de septiembre.
La investigación se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de 138 Ebáis a cooperativas, en un proceso en el que se habrían inflado los precios. Como resultado, el Ministerio Público solicitó la suspensión del cargo para Esquivel y todos los directivos implicados, incluyendo a Marielos Gutiérrez.
Además de Esquivel y Gutiérrez, los directivos Johnny Gómez, Isabel Camareno, Zerith Rojas, Jorge Porras, Roberto Quirós y el exdirectivo Jorge Araya también están imputados. El Ministerio Público solicitó una serie de medidas cautelares, entre las que se incluye la prohibición de salir del país, la entrega de pasaportes y la suspensión de cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, así como la prohibición de contacto con testigos clave.
En particular, Esquivel, Gutiérrez y otros cinco directivos podrían enfrentarse a la suspensión de sus cargos por un período de seis meses, medida que aún está siendo evaluada por los Tribunales de Justicia.
Undeca ha exigido que se respete el proceso judicial y que se tomen las acciones necesarias para garantizar que los implicados en el caso sean apartados de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos. El sindicato sostiene que la autonomía y el buen nombre de la CCSS están en riesgo si no se toman medidas contundentes en este asunto.
