Marta Esquivel denuncia “abuso del lawfare” en Costa Rica y cuestiona proceso contra presidente y ministro

San José, 09 sep (elmundo.cr) – La candidata a diputada por Heredia, Marta Esquivel, lanzó duras críticas al sistema judicial costarricense, calificando de histórico el proceso que involucra al presidente Rodrigo Chaves y al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives.

Esquivel planteó que el caso es un ejemplo claro de persecución política: “¿Será este el ejemplo más claro de lawfare en Costa Rica? ¿Un momento en el que las élites del Poder Judicial sintieron que ya no tenían el control total? ¿O quizás el inicio de un capítulo donde, por fin, alguien se atrevió a señalar que muchas instituciones del país no estaban al servicio de todos, sino de unos pocos con poder?”

Agregó que, desde su perspectiva, “tenemos que escribir esa historia juntos, como ciudadanos”, ya que el caso revela cómo “bajo el disfraz de la ‘institucionalidad’” se cometen atropellos a derechos fundamentales.

Irregularidades señaladas en el expediente 25-000019-033-PE

La exministra aseguró que el proceso evidencia cómo la Fiscalía utiliza su poder para fines políticos, citando varias irregularidades:

  • “El fiscal general remitió a la Corte Plena un expediente incompleto y una acusación formal sin haber tomado declaración a las partes involucradas”, lo que constituye una violación directa al derecho de defensa.
  • En cuanto al criterio de oportunidad, denunció que “el fiscal solicitó la autorización de este criterio a un juez ordinario, en lugar de a la Sala Tercera, que sería la autoridad competente según el artículo 151 de la Constitución Política”.
  • También señaló que “la creación de un procedimiento por parte del presidente de la Asamblea Legislativa es una clara violación al principio de legalidad”, al actuar sin norma expresa que regule este tipo de casos.

Esquivel recordó que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto de San José exigen garantías procesales, pero “la omisión del expediente del criterio de oportunidad no solo afecta a los imputados, sino que también impide que la Corte Plena y la Asamblea Legislativa cumplan plenamente con sus funciones al tomar una decisión con información parcial”.

Finalmente, advirtió que, de continuar, “la Asamblea Legislativa 2022-2026 también pasará a la historia como una entidad que permitió la violación a normas constitucionales y convencionales sin luchar por preservar los mínimos derechos de defensa de nuestro presidente y nuestro ministro de cultura”.

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