San José, 14 oct (elmundo.cr) – La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, admitió la existencia de un sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en los contratos adjudicados a cuatro cooperativas y una asociación médica para la administración de 138 Ebáis. Esta revelación ha generado gran controversia, ya que los nuevos contratos elevan significativamente el costo de los servicios en comparación con los actuales.
Esquivel, en una entrevista concedida al medio Multimedios, defendió la decisión tomada por la Junta Directiva de la CCSS el 6 de julio de este año en una sesión extraordinaria. Según explicó, el aumento en los costos se debía a la ampliación de los horarios de atención en los Ebais y la incorporación de nuevos servicios. Sin embargo, no pudo detallar específicamente cuáles serían esos 15 nuevos servicios que justificarían el sobreprecio.
“Son adicionales (los ¢12.400 millones) por servicios adicionales. Solo para ponerle un elemento; cuatro horas más de servicio en 138 Ebáis”, señaló Esquivel en la entrevista. A pesar de esta justificación, Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, advirtió que el costo anual por los contratos se incrementaría de ¢29.200 millones a ¢53.300 millones, sin que se evidencie una mejoría sustancial en los servicios prestados.
El Caso Barrenador, como se ha denominado, está siendo investigado por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que sigue una causa por los delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. Esquivel, junto con otros altos funcionarios de la CCSS, ha sido suspendida de su cargo por seis meses mientras se investiga la posible adjudicación irregular de estos contratos.
La controversia también ha generado críticas por parte de la opinión pública, ya que la presidenta ejecutiva no pudo ofrecer detalles concretos sobre los nuevos servicios que justificarían el aumento en el costo. Además, alegó que, debido a la investigación en curso, no tiene acceso a su computadora ni a los documentos necesarios para responder a todas las preguntas.
Este caso ha puesto en el centro del debate la transparencia en la toma de decisiones dentro de la CCSS, una de las instituciones más importantes del país, y su impacto en la gestión de los recursos públicos destinados a la atención de la salud de los costarricenses.
