San José, 9 jun (elmundo.cr) – La puesta en vigencia del matrimonio igualitario, el pasado 26 de mayo, es solo un paso más en la lucha por la equidad de los miembros de la comunidad LGTBI en Costa Rica.
EL MUNDO conversó con Marco Castillo, presidente de la Interseccional pro Derechos Humanos de Costa Rica, quien se refiere a este tema.
¿Qué significa para la sociedad y para la comunidad LGTBI la puesta en marcha del matrimonio igualitario?
Considero que el matrimonio universal en Costa Rica es un peldaño a la equidad, hacia lo que tenemos que conquistar socialmente, que es que no haya discriminaciones para ningún grupo por su orientación sexual, por su identidad de género, por su etnia, por su origen económico, por su discapacidad, por su edad. En general, que no haya ninguna discriminación por sexo u otra razón. Este paso hacia la dignidad es importante, pero no hemos conquistado lo que nos falta, que es la equidad social.
¿Hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos de los Derechos Humanos en la población LGTBI? ¿Cuál es su siguiente conquista?
Realmente hay muchas aristas, pero voy a enfatizar dos, la primera es tratar de conseguir equidad social para las personas transgénero, especialmente para las mujeres transgénero que han venido siendo expulsadas de sus hogares y de la educación, viéndose obligadas a laborar en las calles, e incluso, algunas como trabajadoras sexuales porque no tienen cabida en un empleo, no solo por falta de educación, sino por la discriminación social que no les permite acceder a lugares a los que pueden acceder otras personas, en el trabajo y en la sociedad.
El segundo punto, es que debe de tipificarse en Costa Rica en el código penal los crímenes por discriminación. En Costa Rica se presentan al menos tres crímenes o muertes de personas por discriminación cada dos años; en otros países, como Brasil, hay una muerte por discriminación cada 23 horas. En general, en Centroamérica se presentan frecuentemente muertes por discriminación, no obstante, creemos que eso debe tipificarse para que este delito por discriminación tenga un agravamiento en la pena, son las dos metas que vamos a impulsar sin abandonar otros aspectos de la lucha.
¿Cómo piensan trabajar el tema de discriminación, específicamente el de las personas transgénero?
En Costa Rica, la organización MULABI y la Fundación Transvida han venido trabajando estos temas para evitar la discriminación de las personas trans. Ya, por ejemplo, han logrado que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Universidad de Costa Rica (UCR) impartan talleres y cursos para darles algún grado de educación.
Es importante recalcar que, el Ministerio Educación Pública (MEP) en los programas de educación para la afectividad y sexualidad integral, ya trata de evitar la discriminación en la educación para estas personas transexuales. Además, es necesario trabajar en conjunto con la sociedad, con las familias que tienen hijos e hijas con diversidad sexual e identidad de género diferente.
En ese sentido, es de suma importancia fortalecer el trabajo de estas organizaciones, que agrupan a padres de familia y amigos de las personas con diversidad y convivencia de género diferente, esto con el fin de ayudar a estos padres y a esas familias que a veces no entiende o no comprenden como deben tratar a sus hijos e hijas. Es un cambio social muy fuerte, y muy importante que tenemos que recorrer para alcanzar de lugar de equidad social.
¿Ustedes tienen contemplado que a pesar de ese logro siguen siendo una minoría discriminada y estereotipada?
Es un logro jurídico, pero no termina de ser un logro social, y más con el fortalecimiento de los grupos fundamentalistas, los pentecostales principalmente, que han venido a organizarse, incluso en contra de nuestros derechos, sin embargo, nosotros estamos dispuestos y dispuestas a seguir adelante y no vamos a descansar hasta que podamos lograr más respeto social.
Es un esfuerzo que debe hacerse desde la familia, desde la educación y en Costa Rica siendo la educación obligatoria es muy importante fortalecer los programas del MEP y muy importante que las familias entiendan este asunto. Claro que tenemos ese gran problema con los fundamentalistas religiosos, pero no vamos a amilanar, vamos a tratar de fortalecernos con organizaciones para llegar al logro de conseguir una equidad social.
En cuanto a las empresas que no aceptan el matrimonio igualitario, tendrán que enfrentarse a la ley porque ya estamos protegidos jurídicamente.
¿La objeción de conciencia es ilegal?
Es muy importante señalar que la Corte Suprema de Justicia desde el año pasado aseveró que ningún funcionario judicial puede alegar objeción de conciencia ante un matrimonio de personas del mismo sexo, tampoco en la administración pública, porque los funcionarios públicos están obligados a cumplir la ley, y si no, que busques otro trabajo.
En cuanto a los notarios, tenemos un gran problema, tenemos que ver cómo lo enfrentamos jurídicamente y constitucionalmente, porque el Consejo Superior Notarial decidió que pueden alegar objeción de conciencia, eso nos parece malo, porque es inconstitucional atentar contra los Derechos Humanos. Vamos a ver si jurídicamente lo podemos este rebatir.
¿Qué tan importante fue el apoyo del Gobierno para alcanzar el objetivo del matrimonio igualitario?
Es indudable que las últimas dos administraciones han sido administraciones que han dado su apoyo a nuestras luchas, pero fundamentalmente, la consulta que hizo la vicepresidenta, Ana Helena Chacón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos abrió este camino tanto para las personas transexuales como para las personas que deseen casarse siendo del mismo sexo.
Es muy importante, pero no es solamente achacable al Gobierno, hay que rescatar el apoyo internacional de los entes que en Costa Rica tenemos que aceptar y cumplir, como son las resoluciones de la Corte IDH.
Tenemos que buscar una unidad de trabajo para lo que sigue y para que lo que hemos conseguido no se nos vuelva atrás, hay grupos que quieren devolverse, pero realmente no lo van a poder hacer porque es contra los Derechos Humanos ya establecidos, constituidos y reconocidos.
¿Cómo se puede unificar una sociedad tan fracturada?
Nuestra organización se transformó y tomó el nombre de «Interseccional», que significa precisamente el nombre de los grupos que son vulnerabilizados por la sociedad, no solamente por orientación sexual o identidad de género, sino por raza, por etnia, por nacionalidad, por estatus migratorio, por sexo, por discapacidad, los pueblos indígenas, en fin, muchos grupos que son definitivamente discriminados y vulnerables.
La gente sin trabajo, gente de la calle, eso es una tarea que tenemos nosotros que cumplir. Dichosamente, la junta directiva está integrada por personas de esta interseccionalidad. Este término la usaron por primera vez feministas en Estados Unidos, pero una cosa es ser mujer en Estados Unidos y otra, es ser mujer negra, es un punto muy a considerar.
Entonces, hemos acogido este concepto para hacer claro de que no estamos peleando solo por un grupo, sino para todos los grupos que han sido marginados y que la sociedad ha vulnerabilizado.