San José, 23 feb (elmundo.cr) – Los campesinos que se manifestaban sobre el puente del río Térraba en la Zona Sur el pasado 16 de febrero fueron advertidos dos veces de que debían desalojar la estructura y trasladar su protesta a otro lugar, aunque hicieron caso omiso a las órdenes oficiales.
Así lo explicó el Ministro de Seguridad, Gustavo Mata quien compareció junto a Mariano Figueres, director de la DIS ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, luego de los hechos represivos que dejaron 6 campesinos arrestados y la misma cantidad de oficiales de Fuerza Pública heridos tras la intervención.
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Según detalló Mata, la primer prevención se hizo a las 08:30 de la mañana, cuando se pidió a viva voz a los manifestantes mantener el puente libre de obstrucciones, al constituir este ruta que comunica la frontera con Panamá y la capital.
Daniel Villalobos, dirigente campesino y excandidato a alcalde por el Frente Amplio en Osa dijo a los oficiales que se mantendrían sobre el puente.
A las 10:07 am los oficiales hicieron la segunda prevención de que es ilegal el bloqueo de vías, leyeron los delitos que estaban cometiendo y que tenían cinco minutos para desalojar el puente, o de lo contrario se iniciaría la intervención.
El aviso fue nuevamente ignorado, por lo que los oficiales fueron tras Villalobos y otro dirigente campesino, momento en que el resto de manifestantes se abalanzó contra los antimotines, ocurriendo el fuerte enfrentamiento entre ambos bandos.
Diputados del Frente Amplio, específicamente Edgardo Araya criticó que se usara la vara policial, cuando existía orden expresa del Ministro Gustavo Mata de no usarla, ni tampoco gases lacrimógenos.
El jerarca, que se hizo acompañar del Comisario Juan José Andrade, jefe de la Fuerza Pública afirmaron que el uso de la vara policial debió hacerse producto de los ataques violentos contra los oficiales de seguridad.
HOJA DE DELINCUENCIA MANCHADA.
Tres de los seis detenidos tienen antecedentes, según información suministrada por el Ministerio de Seguridad.
Un hombre de apellidos Azofeifa Castro tiene antecedentes por violación a la Ley de Psicotrópicos, violencia doméstica y contravención contra la propiedad y el patrimonio.
Otro detenido de apellidos Chinchilla Montero tiene antecedentes por transgresión a la Ley de Armas y Explosivos, mientras que otro de apellidos Avila Amador tiene récord por el mismo motivo.
A ellos tres, junto a los otros tres detenidos se les levantaron cargos por resistencia a la autoridad y se les impuso medidas cautelares, entre ellas no volver a agruparse en el puente en cuestión.
Aunque la intervención fue criticada y calificada como “excesivamente violenta”, Mata y Andrade afirmaron que a la fecha no se ha presentado ninguna denuncia ante el Ministerio Público por supuesto abuso de autoridad durante el desalojo de los manifestantes en el puente.
