San José, 16 dic (elmundo.cr) – Los magistrados propietarios de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia deberán resolver la constitucionalidad de un acuerdo del 2008 que estableció un plus salarial para 46 puestos gerenciales, incluyendo los 22 magistrados que integran la Corte Plena.
Así lo anunció este sábado la oficina de prensa de la Sala Constitucional, luego de que los magistrados suplentes de esa sala se inhibieron de conocer el asunto, al igual que lo hicieron los propietarios entre el 15 de mayo y el 5 de junio.
La acción de inconstitucionalidad, que se tramita en el expediente 17-6076-0007-CO, fue interpuesta el 21 de abril de 2017 por los jueces Silvia Arce y Armando Elizondo, quienes alegaron que tal incremento es injusto y desproporcionado, pues implica aumentos de hasta 57,6% en algunos salarios.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que cuando los Magistrados propietarios se inhiban de conocer un asunto le corresponderá a los suplentes resolverlo, sin embargo, si estos también se apartan de conocer el tema, le corresponderá a los propietarios conocerlo y estarán exentos de causa y responsabilidad disciplinaria por ello.
Tal norma de la Ley ha sido estudiada por la Sala Constitucional en ocho ocasiones anteriores y desde el Poder Judicial afirmaron que, en definitiva, “se trata de una Ley que estableció la Asamblea Legislativa que se encuentra válida, eficaz y plenamente aplicable, bien podría la Asamblea Legislativa derogarla o modificarla”.
“Cuando se conozca el fondo de la acción, se redoblarán los esfuerzos para hacerlo con el mayor y más intenso rigor, independencia, objetividad, profundidad y seriedad. Es absoluta y rotundamente inexacto que exista un trámite irregular o contrario a la ley en este expediente judicial”, dijo la oficina de prensa del máximo tribunal de la República.
