San José, 22 ene (elmundo.cr) – Agrupaciones del Magisterio costarricense presentaron este jueves un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que busca castigar con penas de prisión de entre 18 y 36 años, inconmutables y sin prescripción, el desvío de fondos de pensiones, obras sociales e infraestructura pública.
La propuesta, impulsada por la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), pretende reformar el artículo 356 del Código Penal.
Las organizaciones explicaron que la iniciativa surge ante la necesidad de “cerrar espacios de impunidad en el manejo de recursos públicos”, especialmente aquellos destinados a pensiones.
Señalaron que los jubilados del Magisterio cotizaron durante décadas, pero esos recursos fueron utilizados por el Estado para otros fines, lo que derivó en recortes y congelamientos en el pago de pensiones.
Durante la conferencia de prensa, Miguel Sobrado, presidente de AJA, afirmó que “el país que hoy compite, atrae inversión y se posiciona en indicadores internacionales no se construyó por casualidad. Es el resultado de décadas de trabajo del cuerpo docente y de una apuesta sostenida por la educación pública”.
Sobrado añadió que “proteger los recursos públicos y sancionar con firmeza su desvío es una condición indispensable para recuperar la confianza en el Estado y evitar que estos abusos se repitan”.
En el marco del proceso electoral, las agrupaciones también dieron a conocer el respaldo de algunas candidaturas presidenciales al proyecto de ley. Ana Virginia Calzada, Ronny Castillo, Douglas Caamaño y Ariel Robles manifestaron su apoyo a la iniciativa.
Las organizaciones enfatizaron que la propuesta no responde a una coyuntura electoral, sino a la necesidad de “corregir una distorsión histórica y fortalecer la institucionalidad democrática”.
