San José, 18 mar (elmundo.cr) – El gobierno venezolano ha acudido al sistema penal costarricense para pedir protección a los bienes e integridad física del Consulado y personal de la Misión Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en Costa Rica.
Los hechos denunciados por Nicolás Maduro a través de su representante en Costa Rica, el abogado Celso Gamboa Sánchez, se remontan a la toma violenta del consulado venezolano en Costa Rica liderado por la embajadora designada por Juan Guaidó Márquez, presidente autoproclamado de Venezuela, acontecidos el pasado 20 de febrero en horas de la madrugada.
En dicha ocasión ciudadanos venezolanos liderados por María Farías tomaron el Consulado Venezolano pese a que el presidente Carlos Alvarado había otorgado hasta el 15 de abril del presente año para que la representación madurista abandonara el país.
Incluso el mandatario costarricense comentó sobre los hechos “extendimos la mano y nos tomaron el codo” refiriéndose a los actos de violencia acaecidos en el consulado venezolano.
El despojo de la posesión de manera violenta, clandestina es sancionado por la legislación costarricense como constitutivo del delito de usurpación, asimismo este medio tiene conocimiento que el Banco de Costa Rica trasladó la titularidad de las cuentas bancarias de la representación venezolana a la embajadora designada por Juan Guaidó, María Farías hecho que también fue denunciado por el apoderado venezolano el abogado y exmagistrado Celso Gamboa Sánchez.
Al ser abordado por EL MUNDO el representante legal de la República Bolivariana de Venezuela, Celso Gamboa refirió que “a diferencia de las vías de hecho a las cuáles han acudido estas personas, el gobierno legítimo de Venezuela se ha decantado por el respeto al marco de legalidad costarricense y espera el ejercicio de la acción penal contra los perpetradores de este acto vandálico del grupo opositor encabezado por el Señor Juan Guaidó Márquez quienes han cometido hechos delictivos en perjuicio del estado venezolano”.
“A diferencia de estos activistas de oposición la Procuraduría Venezolana estima oportuno instar al ejercicio de la acción penal siguiendo el marco de legalidad de la República de Costa Rica y que se determinen las responsabilidades sobre las personas a las cuales les fue encomendado cometer estos delitos en contra de los bienes y la integridad física del personal de la Misión Diplomática de la República Bolivariana de Venezuela”, agregó.
Gamboa resaltó el hecho de que incluso el mandatario Alvarado reprochó públicamente a María Farías este acto violento y señala que tiene plena confianza en que el marco de legalidad costarricense amparara los derechos violentados al pueblo venezolano representados en su presidente Nicolás Maduro Moros.
“Es muy distinto acudir a las leyes como lo hace la Procuraduría venezolana que acudir a las vías de hecho que promueve Juan Guaidó Márquez. La violencia ejercida contra la misión diplomática en Costa Rica es un hecho deleznable y pone en evidencia quiénes son las personas que han ejercido violencia y amenazas para deslegitimar al presidente Maduro”, indicó Gamboa.
De momento la denuncia está presentada y es parte de una ofensiva legal por parte de Venezuela para defender sus intereses en Costa Rica.
Se intentó conocer la versión Farías pero no atendió a las llamadas a su teléfono móvil y en el Ministerio Público señalan que la denuncia acaba de ser interpuesta y se encuentra en fase de valoración.
