San José, 23 jul (elmundo.cr) – El doctor Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reafirmó la postura institucional hacia el diálogo como la vía para la atención a las peticiones planteadas por el Frente Sindical del sector salud.
Macaya señaló que “quisiera expresar a todos los trabajadores de la CCSS que desde la administración estamos haciendo todo lo posible por lograr acuerdos con el sector sindical que permitan la paz social y la paz laboral”.
Además, reafirmó que en la CCSS se hacen grandes esfuerzos por reducir los tiempos de espera para cirugías, procedimientos y consulta externa, inversiones en infraestructura, en equipamiento, en formación de recurso humano y todo esto va a impactar a nivel nacional.
“Así como la CCSS genera paz social para el país, también depende de la paz social para el crecimiento y el avance de los proyectos que se tienen”, reiteró Macaya.
El presidente ejecutivo mencionó que se han buscado mecanismos para generar un periodo de transición razonable para la implementación de la Ley N°9635 en la institución.
“Lo que quisiera expresar es que no dejaremos de hacer el esfuerzo necesario para encontrar soluciones y lograr acuerdos con los trabajadores. Nuestra institución es el reflejo de sus trabajadores y necesitamos que todo el mundo esté motivado, enfocado en su trabajo y en la gran misión que tiene nuestra institución de la cual dependemos todos los que usamos la CCSS ya sea como pacientes, familiares de pacientes o como simples costarricenses que dependemos de la paz social que genera la Caja”, manifestó.
Por su parte el doctor Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la CCSS, pidió una vez a la población laboral que piense en el impacto que produce un movimiento de esta envergadura en la familia costarricense, toda vez que la salud de miles de hogares depende de la labor que desempeñan todos los funcionarios de la institución de frontera a frontera y de mar a mar.
El pasado 20 de febrero, la CCSS, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Planificación suscribieron un documento con los grupos sindicales, en el cual se coincidió en la interpretación sobre el bloque de legalidad que había, en ese ese momento, relacionado con la aplicación de Ley 9635 o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su reglamento.
Sin embargo, con la promulgación de un nuevo decreto ejecutivo (N° 41729-MIDEPLAN-H) se afectó dos de los 10 puntos establecidos en el acuerdo suscrito en febrero en lo que se refiere especialmente, al pago de anualidades y pluses salariales.
