San José, 22 oct (elmundo.cr) – La diputada de Progreso Social Democrático, Luz Mary Alpízar Loaiza, junto a representantes de varias organizaciones de personas sordas, presentó el proyecto 24.647, que es una reforma que busca dar rango constitucional a la lengua de señas costarricense (LESCO), a fin de que el Estado tenga la responsabilidad de protegerla y promoverla junto al español y las lenguas indígenas autóctonas.
Con ese objetivo, la reforma constitucional incorpora la LESCO en el artículo 76 de la Constitución Política.
“Me alegra poder plasmar en un proyecto de Ley, la lucha que las personas sordas y sus organizaciones vienen dando desde hace 25 años y que le permite a Costa Rica posicionarse como un referente en materia de inclusión, lo cual es importante para la atracción de cooperación y captación de recursos que se invertirán en la mejora continua de la accesibilidad de la comunidad sorda”, comentó la diputada.
Este esfuerzo se suma a la Ley 9049 “Ley de Reconocimiento de la LESCO como lengua materna”, del año 2012, y a la Ley 9822, “Reconocimiento y Promoción de la LESCO” del año 2020, que son parte de las acciones que el país ha implementado en el marco de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conocida en Costa Rica como la Ley 8661, del 2008.
Sobre este convenio, es vital destacar una serie de artículos de la Convención, que marcan la ruta que el país debe seguir en materia de inclusión de las personas sordas y de la LESCO como derecho lingüístico, que en sus obligaciones generales indica:
“1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”.
Así las cosas, la alineación de Costa Rica con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde la propia Constitución Política, reforzaría el compromiso con los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos de las personas sordas y destacaría la accesibilidad lingüística como un derecho esencial.
Alpízar señaló que “aunque hemos avanzado, lo cierto es que al día de hoy, apenas 50 personas tienen una formación básica para traducir a LESCO, cuando tenemos aproximadamente 98 mil personas sordas en el país”.
“En la misma Asamblea Legislativa hemos visto la forma en que esto afecta el acceso a la información por parte de las personas sordas y las limitaciones que tenemos al momento de ofrecerles una atención de calidad. Espero que el rango constitucional nos motive a aprender LESCO y a fortalecerla a lo interno de las instituciones al servicio de la población sorda”, agregó.
Proceso participativo
Las organizaciones Asociación Pro Defensa Derechos Sordos de CR, la Comisión de Accesibilidad de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras, plantearon a la diputada Alpízar la solicitud para que el idioma LESCO obtenga carácter constitucional.
A este proceso de construcción participativa del proyecto de Ley presentado, se sumaron, entre otras organizaciones: la Asociación Nacional de Sordos Señantes y Educadores de LESCO (Anselesco), la Asociación de Personas Sordas de la Gran Área Metropolitana (Apsorgam), la Comunidad de Sordos Heredianos, Asociación Nacional Costarricense de Intérpretes, Traductores e Investigadores en Lenguas de Señas (Ancitiles), la Asociación de la Comunidad de Personas Sordas para la Innovación (Ascopsi), y la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (Anascor), además de personas sordas independientes de Guanacaste, Cartago, Puriscal y otras zonas.
