San José, 10 jul (elmundo.cr) – Con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a la información, el respeto a la autonomía personal y la seguridad jurídica de las personas en situación de discapacidad, la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza, del Partido Progreso Social Democrático (Progreso), presentó el proyecto de ley 25.089, que reforma los artículos 412 y 413 del Código de Comercio.
Esta propuesta propone ampliar los formatos accesibles en los que deben tramitarse los contratos que se establezcan con personas no videntes, y eliminar requisitos discriminatorios como la exigencia de testigos, dados los avances tecnológicos que ofrecen garantías sin necesidad de la mediación de terceras personas.
En este sentido, el proyecto habilita la posibilidad de firmar contratos mediante huella dactilar o firma digital, según la preferencia de la persona, así como el acceso libre a la información en múltiples formatos, entre ellos: como Braille, macrotipos (letra ampliada) y textos en formato digital compatibles con lectores de pantalla o con sistemas de voz digitalizada.
Asimismo, las personas sordas o con dificultades de comprensión lectora que lo requieran, tendrán derecho a contar con los ajustes razonables que necesiten para acceder a la información contractual, como información en lengua de señas costarricense (LESCO), lenguaje sencillo o documentación en formatos de texto simplificado, según su libre elección y sin que esta lista sea taxativa.
La diputada Alpízar indicó que “firmar un contrato no debería ser una carrera de obstáculos para nadie. Esta reforma es un paso urgente y necesario para eliminar prácticas que perpetúan la exclusión, garantizando un acceso adecuado y el fundamento jurídico para seguir avanzando en la autonomía de las personas con discapacidad o dificultad para firmar”.
El asesor legislativo Emmanuel Víquez García, economista con discapacidad visual total destacado en el despacho de la diputada Alpízar Loaiza, agregó que eliminar el requisito de contar con dos testigos es muy importante, pues facilita la libre determinación de las personas con discapacidad en sus trámites contractuales.
La iniciativa también contempla el derecho de las personas con discapacidad cognitiva o psicosocial a contar con apoyos durante la firma de contratos, incluidos sus garantes jurídicos, respetando siempre su voluntad, dignidad y autonomía.
Toda persona con discapacidad o con dificultad para firmar tendrá derecho a elegir el formato en el que desea recibir la información contractual, sin que esto le implique trámites ni costos adicionales. La implementación de esta reforma no supone una carga desproporcionada para el Estado ni para el sector privado, dado que las tecnologías y prácticas necesarias ya existen.
Este proyecto, que cuenta con el apoyo de 22 diputaciones firmantes, fue construido en colaboración con personas ciegas, especialistas en derecho bancario y en derechos humanos, así como asesores legislativos y ciudadanos con experiencia en el campo de la discapacidad.
