EDITORIAL
En algo Luis Guillermo Solís ha sido un visionario
Cuando al iniciar esta administración el Presidente de la República indicó que en ninguna obra pública hecha por este gobierno se colocaría una placa con su nombre, tuvo la lucidez y claridad de un visionario.
En junio del 2014, emitió un decreto que prohibía la inclusión de su nombre en placas en lugares de obras públicas, como inauguraciones de puentes, carreteras y edificios.
Luego de la pesadilla relatada ayer jueves por la Contralora General de la República, Marta Acosta, es claro que la deficiente labor del Gobierno en el tema de infraestructura pública, no ha permitido la inauguración de obras, por lo que no han sido necesarias las placas.
No sabemos si desde ese momento el Presidente Solís presentía la mediocridad de administración que estaba por dirigir. Puede ser que en un lapso de agudeza mental, el mandatario tuviera claro que “el mejor equipo” era solo un eslogan de campaña política.
Podría ser también que a sabiendas de la clase de incapaz que dirigiría el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Presidente intuyera que no era mucho lo que podía inaugurar.
Es claro que este gobierno en casi dos años ha dado claras muestras de mediocridad en la ejecución presupuestaria de la obra pública, y ha vivido de lo que ya estaba caminando de la administración pasada.
Por eso, más allá de si Solís Rivera tuvo una revelación de su administración cuando tomó la decisión de decretar la eliminación de su nombre de las placas, lo cierto es que el país sufre cada día por esta incapacidad, en primer lugar del ministro Carlos Segnini, y en segundo del Presidente Solís que lo mantiene en su cargo.
Los costarriceses, como siempre, somos los más afectados. Mientras miles de millones de dolares están engavetados en las arcas de un Gobierno que aún tiene cara para pedir impuestos, con el fin de desarrollar obra pública, el listado de proyectos para sacar a Costa Rica de la deshonrosa lista de países con la peor infraestructura vial del mundo, sigue creciendo cada vez más, ello sin sumarle los millones de dólares que deben pagarse por concepto de intereses y comisiones a los organismos internacionales a los que el país sigue solicitando préstamos.
