San José, 23 dic (elmundo.cr) – Una histórica empresa experimenta inconvenientes para poner a disposición del público, en un tiempo aceptable, productos de primera necesidad. El problema a simple vista parece ser la falta de equipos que agilicen el trabajo, sin embargo, detrás se oculta un aspecto clave: su manual de operaciones está obsoleto e incluir más gente solo empeora los tiempos de espera.
El caso anterior puede extrapolarse a lo que sucede en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde los tiempos para aprobar iniciativas de Ley continúan en aumento, llegando hasta 14 años en algunos proyectos.
Así se desprende de un análisis que hizo EL MUNDO de datos suministrados por el Departamento de Servicios Parlamentarios, sobre el tiempo de tramitación de los proyectos aprobados del año 2004 al 2017.
Aunque se podría esperar que las iniciativas con tiempos de tramitación más extensas sean aquellas relativas a temas polémicos, como lo pueden ser los impuestos, lo cierto es que dos de los tres proyectos con mayor tiempo de espera son convenios internacionales.
El primero es el Convenio sobre el traslado de personas condenadas entre Costa Rica y Perú, tramitado en el expediente 14.786, iniciativa del Poder Ejecutivo que fue presentada el 18 de junio del año 2002, durante el Gobierno de Abel Pacheco y fue aprobado hasta el 6 de setiembre del 2016, durante la Administración de Luis Guillermo Solís. En total, dicho convenio debió esperar 5194 días entre la fecha en que fue presentado y la que fue aprobado, equivalente a 14,2 años de espera.
En segundo lugar, en cuanto a tiempos de espera se encuentra el Convenio para crear y poner en funcionamiento el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, suscrito entre la Unesco, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los países de América Latina y el Caribe. Dicho convenio fue presentado el 30 de julio del 2002, durante el gobierno de Abel Pacheco y fue aprobado hasta el 6 de setiembre del 2016, durante la administración de Luis Guillermo Solís, para un total de 5152 días de espera, equivalentes a 14,1 años.
El tercer proyecto que más ha esperado es el que se tramitó bajo el expediente 16.170 y que tenía como fin la promulgación de una Ley para ayudar al Hospicio de Huérfanos de San José. La iniciativa ingresó a la corriente legislativa el 24 de setiembre de 1999, durante la gestión de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y fue aprobada hasta el 15 de abril del 2010, en la recta final del gobierno de Óscar Arias Sánchez. En total, el proyecto esperó 3856 días para ser aprobado, equivalentes a 10,5 años.
LARGA TRAMITACIÓN. Según la base de datos de la Asamblea Legislativa, el tiempo promedio que los proyectos de Ley deben esperar para ser aprobados, en segundo debate, es de 746 días.
Los tiempos de espera más largos se presentaron en el año 2011, durante el segundo año de gobierno de Laura Chinchilla Miranda. En ese entonces los 92 proyectos que fueron aprobados tardaron, en promedio, 909 días desde su presentación hasta la votación en segundo debate.
A ese le sigue el año 2015, correspondiente al segundo año de labores de Luis Guillermo Solís, cuando los 61 proyectos que fueron aprobados tardaron, en promedio, 854 días en alcanzar la etapa de segundo debate.
A esos dos le siguen los números del año 2016, también durante la administración Solís Rivera. Según los datos, los 92 proyectos que fueron aprobados tardaron, en promedio, 849 días en alcanzar el segundo debate, desde su fecha inicial de presentación.
RELACIÓN. Si los datos anteriores se comparan con la cantidad de fracciones legislativas que tenía la Asamblea Legislativa en ese año, se puede determinar que existe una relación entre mayores tiempos de espera y la cantidad de grupos parlamentarios.
La Asamblea Legislativa del periodo 2006-2010, correspondiente al gobierno de Óscar Arias Sánchez, logró aprobar 437 proyectos de Ley con un tiempo de espera promedio de 736 días cada uno.
Arias gobernó con la presencia de 10 fracciones en el Congreso y en promedio se aprobó un proyecto de Ley cada 3,3 días; es decir, al menos uno por semana laboral en la Asamblea, ya que los diputados sesionan en el Plenario de lunes a jueves.
Por su parte Laura Chinchilla gobernó del 2010 al 2014 con nueve fracciones legislativas. En total, se aprobaron 456 proyectos de Ley que tardaron en promedio, 765 días desde su presentación hasta la votación final. Durante la gestión de Chinchilla se aprobaba, en promedio, un proyecto de Ley cada 3,2 días; siendo este el rendimiento más alto de las tres últimas administraciones.
Finalmente, el presidente Luis Guillermo Solís ha tenido que enfrentarse a un Congreso con 12 fuerzas políticas, incluyendo los diputados que se declararon independientes. Esta Asamblea Legislativa tiene el peor rendimiento de las últimas administraciones, pues al 21 de diciembre del 2017 solo se habían aprobado 259 proyectos de Ley, que en promedio tardaron 829 días desde que fueron presentados, hasta su votación final.
Estos números se traducen en que el Congreso del Gobierno de Solís aprueba un proyecto de Ley cada 5,1 días; el número más alto de las últimas tres administraciones y que implica -en promedio- solamente menos de una iniciativa aprobada cada semana laboral en la Asamblea.
¿POR QUÉ LA PARÁLISIS? Los proyectos de Ley en el Congreso deben pasar por, al menos, 23 procedimientos para entrar regir como Ley de la República, según un análisis del procedimiento que dicta el Reglamento del Congreso.
El tiempo estimado para que esos pasos sean cumplidos sin dilación va de 30 días -si existe voluntad política-, a 24 meses con un trámite normal y sin obstáculos. Aunque desde el incremento de los grupos parlamentarios existe un aumento en los tiempos de espera para aprobar proyectos, ese no es el único motivo. El Reglamento vigente del Parlamento data de 1961, cuando el Congreso estaba compuesto por cinco fracciones legislativas y por solo 45 diputados.
Las principales trabas se dan por el extenso tiempo que tiene cada uno de los diputados para hablar por un proyecto de Ley. Cada uno puede pronunciarse durante 30 minutos por una iniciativa en el trámite de primer debate, por lo que si los 57 usan el tiempo se necesitarán casi 10 sesiones completas del Plenario para agotar la discusión.
En el caso de los segundos debates, cada diputado puede hablar 15 minutos, por lo que si todos hacen uso del tiempo se requieren casi 5 sesiones completas para agotar la discusión.
A las actitudes dilatorias de ese tipo, o saturar de mociones un proyecto de Ley, se les denomina filibusterismo parlamentario, una técnica específica de obstruccionismo mediante la cual se pretende bloquear la aprobación de una ley.
Estos excesos son señalados por el sociólogo Jorge Rodríguez, quien afirma que los partidos políticos deben hacer un esfuerzo mayor por construir agendas de consenso que se reflejen en decisiones que interesan al Poder Ejecutivo.
“No es lo mismo una Asamblea Legislativa donde se tienen 2 o 3 grupos que cuando se tiene una cantidad importante, no solo de fracciones, sino también de fracciones con distinto peso relativo”, explicó.
Según Rodríguez, el Reglamento del Congreso se pensó en tiempos en los que solamente había dos grandes actores, con votos suficientes para aprobar por sí mismos un proyecto de Ley, al ser fracciones con 29 diputados o más. “El reglamento está pensado en esos términos y no para una composición multipartidaria”, señaló.
Diputados del periodo 2014- 2018 y que en ocasiones anteriores fueron parlamentarios o tienen larga experiencia laboral en el Congreso reconocen que, en la actualidad, el trabajo de aprobar leyes se ha hecho más difícil.
Así lo manifiesta Rolando González Ulloa del Partido Liberación Nacional, quien afirma que ha aumentado la complejidad de alcanzar acuerdos.
“Poner de acuerdo a 11 o 12 fracciones como ocurre en la actualidad -con las divisiones que ha tenido el PAC, FA y ML- complica mucho más llegar a acuerdos. Adicionalmente un rasgo que es muy acentuado es que se ha perdido el debate legislativo: hay muchísimo debate reglado, una propensión a votar y después discutir, lo que le quita en gran medida la intensidad de la confrontación de ideas previo a votar un proyecto de Ley”, aseguró el legislador.
González dijo que en el pasado las confrontaciones entre diputados eran ideológicas, programáticas y hasta dialécticas, además de que los legisladores destacaban por su capacidad parlamentaria. “Hoy hay una sobredosis de delegación en los asesores y el Plenario luce más como una caja de resonancia de lo que se acuerda en jefes de fracción, muchas veces intrascendente”, agregó.
Por su parte, el diputado Otto Guevara recordó que cuando fue legislador en la última administración del bipartidismo, Liberación Nacional y la Unidad tenían en conjunto 50 votos y hoy, es diputado con un multipartidismo consolidado.
Las diferencias entre un periodo y otro, según el libertario, incluyen en que ahora se tiene una herramienta para aprobar proyectos de Ley mediante vía rápida, establecido en el artículo 208 bis del Reglamento.
“Las mayorías de 50 votos eran capaces de aplicarle a uno una aplanadora y sacar adelante los proyectos que les interesaba. Yo tenía menos experiencia política que la que tengo ahora, tal vez en aquella época, con la experiencia de ahora, pudiera haber podido parar un poco más”, agregó Guevara.
El libertario también coincide en que ahora es más difícil que las bancadas se pongan de acuerdo, pues hay más actores en las negociaciones. “Se requiere de mucha paciencia, de mantener el dedo en el renglón permanentemente, consolidar los acuerdos por escrito; pero sí, es mucho más lenta la toma de decisiones”.
Por otro lado, el liberacionista Olivier Jiménez (diputado también del 2006 al 2010) dijo que además de un reglamento desactualizado y más actores políticos, el actual periodo ha tenido “un gran problema”, pues la bancada oficialista se encuentra dividida en algunos temas, lo que dificulta la toma de decisiones con el Poder Ejecutivo.
Asimismo, apuntó a que es más difícil alcanzar acuerdos con partidos como el Frente Amplio o el Movimiento Libertario, por las posiciones ideológicas que estos tienen.
El diputado socialcristiano Jorge Rodríguez y quien tiene una larga trayectoria como funcionario del Congreso recordó que, en los tiempos del bipartidismo, aún con la aparición de algunas fracciones minoritarias, todos lograban ponerse de acuerdo para aprobar proyectos de interés común.
“No había tanta confrontación… el pluripartidismo de lo que se ha encargado es que gobernar sea más difícil. Los partidos mayoritarios sabían que un cuatrienio gobernaba uno y al otro gobernaba otro, entonces se hacían las cosas fáciles para ayudar a Costa Rica”, señaló.
De acuerdo con el congresista cartaginés, además de cambiar la calidad de las leyes también cambió la calidad de los diputados. “No quiero decir que mis compañeros actualmente no sean personas preparadas y estudiadas, pero en el periodo 1990-1994 eran políticos connotados, gente que con su experiencia hacía que nosotros que veníamos nuevos en la política quisiéramos aprender algo de ellos”, afirmó.
Para Rodríguez, la experiencia que le queda de la Asamblea Legislativa del periodo 2014-2018 es “lo que no se debe hacer”, aunque destaca algunas figuras como Ottón Solís del PAC, Rolando González del PLN, Patricia Mora y Edgardo Araya en el Frente Amplio, Otto Guevara del Libertario y Mario Redondo de Alianza Demócrata. “Esta es una Asamblea de contrastes, lo que no se vio en la Asamblea del 90-94. Lo que había era mucho diálogo con el Ejecutivo y yo por eso trato de apoyar al Ejecutivo, porque fui asistente del Presidente de la República y sé que nadie llega a ser Presidente para afectar a Costa Rica”, agregó.
Para el diputado, si sumamos y restamos, la actual Asamblea Legislativa “le está debiendo mucho a Costa Rica”. “Estamos en mora, estamos en deuda. Si usted me pregunta si el multipartidismo es bueno le digo que no. No es bueno. En Costa Rica es muy difícil gobernar”, concluyó.
FUTURO INCIERTO. El descontento ciudadano con la clase política y su rendimiento en el Congreso podría causar que fuerzas políticas que hoy gozan de numerosos diputados sufran una debacle durante las elecciones del 2018, dando pie al ingreso de nuevos grupos en el Plenario.
“Al momento actual es predecible una mayor atomización, podría haber nuevos partidos porque los que tienen un peso relativo podrían ver visto reducido su caudal, como el Frente Amplio o el mismo PAC”, afirma el sociólogo Jorge Rodríguez.
Según el experto, se debe analizar además la presencia de partidos provinciales que están impulsando agendas específicas o están liderados por personas conocidas, tal es el caso del partido Vamos que impulsa una agenda progresista en derechos humanos, el partido Todos que lleva a la cabeza a Rolando Araya o el partido Actuemos Ya que encabeza el exdiputado Belisario Solano.
“Uno podría esperar que esas personas por sí mismas pueden encontrar un gran apoyo, tendrían bastantes posibilidades de llegar a la Asamblea Legislativa y sumado a los partidos cristianos se podría esperar una conformación más fragmentada”, agregó Araya.
Para el sociólogo, quien gane la silla presidencial en el 2018 va a necesitar echar mano de una persona y un equipo en el Ministerio de la Presidencia que tengan el temple, experiencia, capacidad y paciencia para armar diálogo político con las fuerzas en la Asamblea Legislativa.
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Nota del editor: Este reportaje fue publicado, originalmente, en la revista Puntos de Quiebre: Agenda Global 2018, publicada este año gracias a una alianza entre el prestigioso diario estadounidense, The New York Times y El Mundo CR. Para efectos de esta publicación, los datos sobre las estadísticas de la actual Asamblea Legislativa fueron actualizados con corte al 21 de diciembre del 2017, último día laboral del 2017 en el Congreso.
