San José, 1 may (elmundo.cr) – El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís aseguró que tiene toda la disposición de atender “los requerimientos que el Ministerio Público solicite”.
Solís está siendo investigado por la Fiscalía como imputado en el caso por el delito de ‘incumplimiento de deberes’.
Este se tipifica en el artículo 339 del Código Penal, estableciendo una pena de inhabilitación de uno a cuatro años al funcionario público “que ilegalmente omita, rehúse hacer, o retarde algún acto propio de su función”.
Solís dejó al concluir su Administración un hueco fiscal de ¢900 mil millones.
El exmandatario comentó que “me he enterado mediante medios de comunicación de la decisión de la Fiscalía de iniciar de oficio investigación relacionada con los problemas presupuestarios que experimentó el país a inicios del 2018; los cuales no implicaron aumento ni ocultamiento del nivel de la deuda pública”.
“Estimo que esta es una oportunidad valiosa para aclarar y despejar dudas sobre las decisiones técnicas adoptadas durante mi Administración, para atender una situación presupuestaria que es expresión de la fragilidad que arrastra la economía costarricense desde hace décadas”, agregó.
La causa se encuentra siendo investigada bajo el expediente 18-000159-0033-PE.