San José, 24 jun (elmundo.cr) – Esta mañana frente a los Tribunales de Justicia se lleva a cabo un mitín en solidaridad a las seis personas a las que en este momento se les realiza un proceso judicial, por haber participado en una manifestación el 8 de noviembre de 2012 en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Durante la manifestación se hizo presente la diputada del Frente Amplio, Ligia, quien en esa fecha también se encontraba protestando frente al edificio principal de la Caja y que hoy asegura solidarizarse con estas personas que salieron a defender el presupuesto de tres hospitales y hoy soy juzgados por eso.
“Estamos en solidaridad con seis compañeros, una compañera y cinco varones que el día de hoy enfrentan un proceso judicial por haber salido el 8 de noviembre de 2012 a defender el presupuesto de tres hospitales, el hospital de Grecia, el de San Ramón y el de Nicoya” dijo Fallas.
Además la legisladora agregó que esos hospitales por los cuales se protestaban habían sufrido un recorte de más de 500 millones cada uno, y un grupo de manifestantes acompañaba ese día a los médicos de esos tres centros hospitalarios a la presidencia ejecutiva de la Caja para realizar la entrega de un documento en busca de que se reintegrara ese dinero.
“Mientras estábamos en la calle en solidaridad con estos médicos fuimos objeto del uso excesivo e innecesario de la fuerza, represión y criminalización de la protesta, aquí el día de hoy están los compañeros que enfrentan este proceso legal”, continúa la diputada.
Para Fallas la Sala IV ha sido contundente en decir que se debe garantizar el derecho al libre tránsito en las vías, pero también ha sido enfática en garantizar la libertad de expresión y la libertad para la protesta social.
Según la legisladora han existido varios casos donde se ha buscado criminalizar la protesta social, como el ocurrido cuando unas mujeres salieron a las calles a solicitar vivienda y fueron detenidas y llevadas al Buen Pastor, o los juicios que se dieron en Limón contra manifestantes que defendían los muelles el 29 abril del 2012, en donde Paulina Briones, aun enfrenta una condena de cinco años prisión por esta causa.
Para concluir, Fallas destacó que si se permite legalizar la protesta social se crearía en el país una jurisprudencia que no se puede permitir con un gobierno liberal, capitalista y depredador que solo deja salir a las calles a defender los derechos de todos los costarricenses incluso de aquellos que no han nacido.
