San José, 25 mar (elmundo.cr) – Los legisladores proponen una serie de proyectos para contrarrestar los efectos colaterales en materia económica por la crisis que enfrenta el país a raíz del COVID19.
Una de esas iniciativas es la que permite el retiro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) en casos excepcionales, más allá de lo establecido actualmente en el Código de Trabajo. Promovida por los diputados liberacionistas Luis Fernando Chacón Monge,Franggi Nicolas y Karine Niño.
Los diputados presentaron varios proyectos de ley en la misma línea, este martes, se logró un acuerdo que unifica las propuestas en un solo texto, el cual, se espera sea conocido por el Congreso a la brevedad y se dispense de todo trámite, para que pronto pueda ser Ley de la República.
Con esta propuesta, los legisladores buscan darle un respiro a aquellos trabajadores a los que se les suspendió su contrato laboral o vieron disminuidas sus jornadas laborales, debido a la declaratoria de emergencia del COVID-19, sufriendo ante ello una reducción de sus ingresos.
Los asambleístas señalan que «entre los aportes, el texto modifica el artículo 6 del Código de Trabajo, incorporado la obligación al patrono, de extenderle al trabajador un documento físico y/o digital, o ambos, en el cual certifique la finalización de la relación laboral, la suspensión o la aplicación de una reducción de la jornada ordinaria semanal de la persona trabajadora al momento de aplicar cualquiera de esas medidas».
Al presentar este documento, las Operadoras de Pensiones tendrán un plazo de 15 días, a partir de la presentación de la solicitud, para girarle al trabajador los recursos correspondientes a su FCL.
Asimismo, los diputados comentan que, el proyecto de ley también genera un apartado que permite a las operadoras de pensiones crear algunos incentivos para aquellos que decidan no retirar sus fondos.
Por otro lado, en la iniciativa se indica que en aquellos casos en que la operadora no tenga la liquidez para entregar los recursos a un grupo considerable de afiliados, pueda hacerse a través de los bancos públicos o del Banco Popular, con el compromiso de que la respectiva operadora les reintegrará el dinero en un plazo no mayor a seis meses.
Finalmente, los diputados proponentes del proyecto aseveran que esperan que este proyecto sea convocado a la brevedad posible por el Gobierno durante este período extraordinario y así pueda ser dispensado de todo trámite en la corriente legislativa, para que cuanto antes el Plenario pueda votarlo en primer y segundo debate y pronto sea Ley de la República.
«Sin duda alguna, este será un paso importante para generar liquidez económica, en momentos cruciales para Costa Rica», concluyen.
