San José, 07 abr (elmundo.cr) – El abogado y exdiputado Otto Guevara lanzó una dura advertencia contra un proyecto de ley aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa, que según él “pretenden aprobar en segundo debate el 8 de abril” y que afectaría directamente a quienes han construido su patrimonio desde la economía informal.
“Aproximadamente el 50% de nuestra economía es informal, lo que significa que no ha pagado impuestos o si ha pagado ha sido poco, y que ha estado fuera del radar de la CCSS y no cuenta con patente municipal”, explicó Guevara. “El patrimonio que esas personas han construido a lo largo de años y en algunos casos pasándolo de generación en generación a través de herencias, está en PELIGRO”, agregó.
La principal crítica del exlegislador gira en torno al cambio en la carga de la prueba. “Se pretende darle competencias a la Fiscalía para que le congele todos sus activos (entre ellos sus cuentas corrientes y las de su empresa) dándole un plazo cortísimo para demostrar cómo construyó su patrimonio mediante transacciones trazables en el sistema financiero nacional, y cómo lo hicieron quienes le heredaron”, señaló.
“Se invierte la carga de la prueba. Si una persona no puede demostrar eso, le aplican la presunción de que su patrimonio se hizo LEGITIMANDO DINERO MAL HABIDO y le quitan todo”, enfatizó.
Según Guevara, aunque los impulsores del proyecto afirman que está dirigido a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sus alcances irían mucho más allá. “Ojo, quieren hacer ver que esto es para quienes están metidos en tráfico de drogas, pero no solo se aplica en esos casos, se aplica también a todos los patrimonios vinculados a la economía informal”.
El exdiputado responsabilizó a los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio por respaldar la iniciativa y expresó su esperanza de que el presidente Rodrigo Chaves no permita su avance: “Espero que si los diputados aprueban ese proyecto de ley, el presidente Rodrigo Chaves lo vete”.
El proyecto de ley al que se refiere Otto Guevara es el expediente número 22.834, que propone reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada. Esta iniciativa busca otorgar al Ministerio Público la facultad de solicitar el congelamiento de activos cuando se detecten aumentos de capital sin una causa lícita aparente. El proyecto fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa y está programado para su votación en segundo debate el 8 de abril de 2025.
Según Guevara, esta legislación podría afectar a aproximadamente el 50% de la economía costarricense que opera en la informalidad, ya que las personas en esta situación podrían enfrentar dificultades para demostrar el origen legítimo de su patrimonio debido a la falta de registros financieros formales. Aunque el proyecto está dirigido a combatir actividades ilícitas como el narcotráfico, Guevara advierte que sus implicaciones podrían extenderse a otros sectores de la economía informal.
