Heredia, 23 set (elmundo.cr) – El hecho de que Costa Rica tenga plasmada en su Constitución Política que la religión oficial es la Católica, Apostólica y Romana, frena el avance de los derechos humanos en el país.
A esa conclusión llegó la académica de la Universidad Nacional (UNA), Laura Fuentes en el marco de la conferencia “Derechos sexuales, reproductivos y religión en Costa Rica”, que dio apertura al XVI Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad “Creencias religiosas y derechos humanos en América Latina y el Caribe”, con sede en la UNA en agosto pasado.
Fuentes puso en evidencia lo que llamó la “acometida religiosa contra el derecho individual en la salud sexual y reproductiva”.
Para la académica, que además fue secretaria ejecutiva del Congreso, el Estado confesional “se convierte en justificación para exigir una legislación ‘acorde con los principios cristianos’, lo que le otorga a estos un peso considerable en las decisiones en el sistema jurídico y el sistema legislativo, en detrimento de derechos humanos sexuales y reproductivos, protegidos en convenciones internacionales”.
“La idea es “resacralizar”, mediante las leyes, el control de la reproducción “género-sexualizada”, así como un concepto de familia reproductor del modelo heterosexual”, agregó.
Fuentes puso como ejemplo y prueba de ello, la declaratoria de inconstitucionalidad que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió contra la técnica de Fertilización in Vitro años atrás, y que llevó al país a ser juzgado y sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), obligándola a restituir la técnica.
“La declaratoria de inconstitucionalidad de la fecundación in vitro por parte de la Sala Constitucional, se basa en la “Instrucción Donum Vitae”, emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano en 1987. Según el argumento religioso, la concepción inicia con la unión del óvulo y el espermatozoide y ‘a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de persona principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida'”, reseñó.
Sin embargo, el criterio médico y técnico es diferente, ya que este reconoce a la unión de los gametos femenino y masculino como fecundación o fertilización, la que puede producirse en el seno materno o en laboratorio; mientras tanto, la concepción ocurre, mucho después, cuando el óvulo fecundado se adhiere al endometrio.
En el Congreso se expuso como el sistema legislativo impidió que el país cumpliera durante mucho tiempo con la sentencia de la Corte IDH, ya que el proyecto para regular la Fertilización in Vitro fue trabado con más de 700 mociones por parte de legisladores cristianos, quienes alegan que la Fertilización in vitro implica la pérdida de embriones, considerados por ellos como “seres humanos”.
Fuentes puso en evidencia también, otros atropellos al derecho individual en salud sexual y reproductiva, como lo es la negativa al acceso al aborto terapéutico en casos de diagnóstico de embarazo como malformación incompatible con la vida extra-uterina, la anticoncepción de emergencia, que aún continúa sin registro en país, y los derechos de las parejas del mismo sexo.
“A mediados de 2000, el proyecto de Ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo, fue archivado ante la oposición liderada por la Iglesia católica y las Iglesias evangélicas. Y el nuevo proyecto de “Ley de sociedades de convivencia”, enfocado a otorgarles derechos patrimoniales, acumula más de mil mociones en contra de parte de los legisladores evangélicos”, afirmó.
Por su parte, el filósofo Alberto Rojas de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, llamó a los diputados evangélicos del Congreso “los cuatro jinetes de la cristiandad”, ya que “quieren imponer una determinada versión del cristianismo, que perjudica derechos fundamentales, como fue el caso de la procreación mediante la fecundación in vitro y el de las uniones civiles de personas del mismo sexo, entre otros”.
“Estos diputados sienten que ellos son la voz de una población con valores cristianos que adversa estos temas y su misión es impedir que lleguen a convertirse en leyes o política pública”, dijo Rojas.
No obstante, el académico estima que muchas personas reproducen el discurso oficial pero piensan y practican otra cosa.
El altísimo porcentaje de prácticas sexuales fuera del matrimonio, el porcentaje de divorcios, la bajísima tasa de fecundidad, el porcentaje de matrimonios civiles no católicos; la posición de madres y padres frente a las clases de afectividad y sexualidad en los colegios y la muy lenta pero constante aceptación cotidiana de las personas de otra orientación sexual son indicadores –según Rojas- de que los costarricenses viven su vida a partir de otros valores o a partir de un cristianismo muy matizado, que no tiene nada que ver con los discursos oficiales.
La razón del distanciamiento entre lo que dicen y lo que hacen -en criterio del experto- está en el temor de ser socialmente rechazados y moralmente castigados, es decir de ese “pánico moral” que los acalla, de lo cual se aprovechan los “cuatro jinetes de la cristiandad”
Finalmente, Jerry Espinoza, presidente de ALER Costa Rica, recordó que Costa Rica es el único en América Latina que mantiene en su Constitución Política que el Estado tiene una religión oficial.
Avanzar hacia la laicidad del Estado, según Fuentes, podría contribuir a limitar el poder de la religión en el ámbito político, siempre y cuando cambien las prácticas políticas “contaminadas”, ya que actualmente los políticos afianzan su legitimidad en las iglesias y no en la soberanía del pueblo.
Lo que apunta al control directo sobre el cuerpo es lo que no pasa. Por ejemplo, una niña embarazada producto de una violación no tiene derecho al aborto terapéutico. “Hay cosas negociables y otras no. Hay núcleos duros del fundamentalismo cristiano”, concluyó.
