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Laura Chinchilla: del gobierno de mayor conflicto social y protestas, a incentivar lo mismo contra Laura Fernández

Miles participan en manifestación en el 2012 contra el gobierno de Laura Chinchilla. Foto UCR

San José, 14 sep (elmundo.cr) – La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, hizo un llamado a convertir el tradicional desfile de faroles en una manifestación de “resistencia cívica” frente al gobierno de Laura Fernández.

Cabe recordar que la Administración Chinchilla Miranda estuvo caracterizada por la intensa conflictividad social y las numerosas protestas que enfrentó durante su propia administración entre 2010 y 2014.

Chinchilla publicó en su cuenta de X un mensaje con motivo de las celebraciones de la Independencia, en el que aseguró que este año los faroles deberían adquirir un significado adicional al tradicional.

“Esta vez, sin embargo, nuestros faroles tendrán un significado adicional. Serán también símbolo de resistencia cívica frente a las acciones de un gobierno que busca debilitar la justicia, intimidar la disidencia, acallar la discrepancia y fracturar el alma nacional”, manifestó la exmandataria.

La expresidenta agregó que “la independencia nos hizo libres” y que “la democracia hizo posible vivir esa libertad en paz”.

“Hoy encenderemos nuestros faroles para recordar que esa libertad no está garantizada y que, cuando se la amenaza desde adentro, corresponde a los ciudadanos defenderla”, sostuvo.

El llamado de Chinchilla resulta particularmente significativo al revisar los cuatro años de su administración, un período marcado por una elevada conflictividad social y por constantes manifestaciones de sindicatos, estudiantes, ambientalistas, empleados públicos, comunidades y otros sectores.

De hecho, Chinchilla comenzó su mandato entre protestas. El mismo 8 de mayo de 2010, durante su toma de posesión en La Sabana, organizaciones sociales y sindicales se manifestaron contra diferentes políticas gubernamentales.

Ese mismo año las universidades públicas protagonizaron otra importante movilización por la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Según las propias universidades, alrededor de 10.000 personas marcharon hasta Casa Presidencial en agosto de 2010.

Durante 2011 y 2012, el gobierno de Chinchilla enfrentó además fuertes protestas sindicales y sociales contra el plan fiscal, las políticas salariales y diferentes decisiones relacionadas con el sector público.

2012 se convirtió en el punto más alto de conflictividad social de su administración. Investigaciones académicas de la Universidad de Costa Rica que han estudiado la protesta social durante ese período identifican ese año como el mayor pico de acciones colectivas registrado durante el gobierno de Chinchilla.

Un grupo de jóvenes realizó una representación teatral a favor de la libertad de expresión, en el 2012. Foto UCR

Las calles fueron escenario de protestas relacionadas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), salarios del sector público, universidades, estudiantes, sindicatos, policías y motociclistas, entre otros sectores.

También se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública durante algunas de esas jornadas.

Pero uno de los conflictos que mayor desgaste político provocó al gobierno de Chinchilla ocurrió en 2013 con la concesión de la carretera San José-San Ramón a la empresa brasileña OAS. Comunidades de Occidente organizaron manifestaciones contra las condiciones del contrato, el costo de la obra y los peajes previstos.

La tensión llegó incluso hasta los actos oficiales del 11 de abril en Alajuela, cuando manifestantes protestaron mientras Chinchilla participaba en la conmemoración de la Batalla de Rivas y del héroe nacional Juan Santamaría. La presión ciudadana terminó obligando al Gobierno a dar marcha atrás con la concesión.

Una protesta nacional contra el Gobierno

El 25 de junio de 2013 ocurrió una de las jornadas de protesta más amplias de toda la administración Chinchilla. Sindicatos, educadores, estudiantes, trabajadores públicos, ambientalistas y diferentes organizaciones sociales participaron en movilizaciones y bloqueos en distintas partes del territorio nacional.

La Fuerza Pública contabilizó protestas o bloqueos en 27 puntos del país.

Las demandas para entonces ya trascendían un único conflicto. Entre los reclamos aparecían la corrupción, el costo de vida, la situación de la CCSS, las concesiones, las políticas laborales y diferentes cuestionamientos generales a la conducción del Gobierno.

Las redes sociales también desempeñaron un papel relevante. Videos y publicaciones en Facebook, Twitter y YouTube circularon convocando a participar en las manifestaciones y cuestionando directamente a la administración Chinchilla.

El desgaste social acompañó a la mandataria prácticamente hasta abandonar Zapote.

En octubre de 2013, vecinos de Alajuelita llegaron incluso hasta las inmediaciones del residencial donde vivía Chinchilla para protestar por problemas relacionados con vivienda.

Y en marzo de 2014, pocas semanas antes de finalizar su administración, sindicatos volvieron a las calles contra las políticas salariales y otros reclamos relacionados con el sector público.

Chinchilla terminó su gobierno en mayo de 2014 en medio de una huelga de educadores provocada por problemas en el pago de salarios.

Foto UCR.

De enfrentar las protestas a llamar a la “resistencia cívica”

Doce años después de abandonar la Presidencia, Chinchilla se coloca ahora desde la posición contraria.

La exmandataria, que durante cuatro años debió enfrentar manifestaciones, bloqueos, huelgas y movilizaciones contra las decisiones de su Gobierno, llama actualmente a los ciudadanos a utilizar uno de los principales símbolos de las celebraciones patrias como expresión de “resistencia cívica” frente a la administración de Laura Fernández.

Durante su Presidencia, Chinchilla cuestionó en diferentes oportunidades algunas formas utilizadas por los manifestantes, particularmente los bloqueos y las protestas que afectaban servicios públicos o vías nacionales.

Ahora sostiene que cuando se considera que la libertad se encuentra amenazada “corresponde a los ciudadanos defenderla”.

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