San José, 27 ene (elmundo.cr) – La Juventud del Partido Frente Amplio señaló que “las creencias religiosas no deben condicionar el servicio público, sus capacitaciones o mejoras”.
De esta forma reaccionó la agrupación luego de que la mañana de este miércoles los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron la moción a la Ley de Empleo Público que permitiría a los empleados públicos rechazar capacitaciones si alegan objeción de conciencia.
La objeción de conciencia es el derecho de la persona a abstenerse de realizar actos que contravienen ideales o valores éticos y religiosos.
Según explicó el abogado constitucionalista Rubén Hernández, a La Nación, «tiene asidero constitucional y se deriva de otros derechos fundamentales como la libertad religiosa y la libertad de conciencia».
La iniciativa fue presentada por el diputado Jonathan Prendas y pretende agregar un inciso al artículo 21 del proyecto de ley de empleo público sobre los postulados rectores que orientarían los procesos de formación y capacitación en el empleo estatal en donde se indica:
Los servidores públicos podrán informar a la administración, por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras.
A favor de la moción votaron los diputados Víctor Morales del Partido Acción Ciudadana (PAC), los liberacionistas David Gourzong, Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca; también los socialcristianos Rodolfo Peña y Aracelly Salas; así como los independientes Jonathan Prendas y Dragos Dolanescu. En contra votó la diputada independiente Zoila Volio.
Ante esto desde la Juventud de Frente Amplio aseguraron que es una “vergonzosa moción de objeción de conciencia aprobada por el PAC, PUSC, PLN y diputados independientes pertenecientes a Nueva República en Comisión de Gobierno y Administración”.
