
San José, 26 oct (elmundo.cr) – La diputada de Nueva República, Gloria Navas, ha obstaculizado el proyecto de la liberacionista, Carolina Delgado, que enmendará un grave error al que indujeron varios magistrados a la anterior Asamblea Legislativa.
Lo anterior aunque la misma legisladora y abogada penalista ha incurrido reiteradamente en contradicciones, que para algunos legisladores consultados sería para “congraciarse” con los magistrados que evitan reconocer el error.
El mencionado error surge porque cuando el Poder Judicial informa que no hay contenido presupuestario para poder aplicar la nueva ley, los diputados publicaron a destiempo la orden de suspensión de la misma, pues dicha norma había estado vigente por dos semanas. Es decir, la prórroga se publicó cuando ya legalmente, los artículos de la norma anterior citados en el texto de la ley nueva, estaban derogados.
Sobre esta situación la legisladora, dijo en el programa Nuestra Voz en febrero del presente año, antes de asumir el cargo, que “en muchos casos la Asamblea Legislativa hace cambios en leyes sin medir consecuencias, y hay que estar muy listos con cambios de las normas, como esta, porque cambia seriamente la investigación”.
En esa oportunidad Navas sostuvo que “la responsabilidad no solamente es de la Asamblea Legislativa, sino que también existe una participación del Ministerio Público a la hora de gestionar cada acción de tipo procesal penal en las investigaciones, sin percatarse de que la norma había perdido validez”.
En el mismo sentido sostuvo en una entrevista en Repretel en mayo pasado que “la declaratoria del crimen organizado a partir del año 2019 se complicó al suspenderse la vigencia de la ley, hubo varias suspensiones, eso se llama “vacatio legis” y aplica en principio de la falta de retroactividad de la ley”.
En ese momento le consultaron a Navas si el artículo 2 estaba derogado, a lo que indicó “opino en principio que sí, por la relación de fechas de la derogatoria; pero hay que esperar el pronunciamiento jurisdiccional por supuesto”.
Ya varios tribunales del país, como el Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José, han señalado que el artículo en mención está derogado por Ley.
Más radical fue la posición de la diputada en Agosto, cuando sostuvo que «el artículo 2 no podía entrar en vigencia, porque se fue corriendo el plazo en que debería estar en vigencia al no cumplirse los términos en que se indicó que se suspendía sino que se pretende aplicar la ley como si no se hubiera suspendido los plazos, hay un vacío de ley».
«Entonces en este plazo no se podía aplicar este artículo 2 de la ley de crimen organizado, en la que declara que procedimientos son de crimen organizado», agregó.
La legisladora comentó que «entonces todos aquellos casos que se dictaron en esos plazos definitivamente son nulos en cuanto a la tramitación de plazos, y ahí es donde entramos en la crisis actual de la discusión, de si la prisión preventiva se puede extender o si se pueden legitimar los allanamientos ordenados bajo esas disposiciones o si las intervenciones telefónicas son lícitas en ese tipo de investigaciones».
Navas cuestionó «¿qué es lo que va a pasar?, que todas las investigaciones que se hicieron en esos plazos, pues se caen».
En el programa Matices del 29 de agosto del presente año, Navas insistió en que “me parece a mi que en esto ha habido un tremendo descuido… estamos en un tema de crimen organizado, y deben ser muy cuidadosos en la aplicación de la normativa, eso es un tremendo descuido, y también hacerse de alguna manera los tontos como si eso no hubiese pasado, permitir la investigación, permitir intervenciones telefónicas etc a sabiendas, porque es muy evidente la problemática que existe, y continuar con los procedimientos sin esperar a completar las reformas de leyes que se necesitan para ordenar el ordenamiento jurídico”.
En el mismo programa el periodista Randall Rivera le cuestionó: ¿Qué fue lo qué pasó con los diputados?, ¿Hubo un error que derrotó esa norma?
A lo que Navas respondió “si, eso es lo que ha sido muy serio … y es que es evidente porque debemos hacer un repaso muy general y muy rápido a partir de la ley 8754 de julio del 2009 que es. precisamente la ley contra la delincuencia organizada que es la que se cruza después con la ley 9481 de octubre del 2017 donde se crea la jurisdicción especializada en delincuencia organizada… esas dos normas son sumamente importantes porque cuando se publica la ley de creación de jurisdicción se indicó como un transitorio que entraría en vigencia hasta 12 meses después… y explica todo el resto…”.
“Posteriormente en el 30 de octubre y aquí es donde viene el hueco, entre el 13 de octubre 2029 y el 30 de octubre 2019, reforma nuevamente la entrada en vigencia de la ley 9481 y se indica que entra en vigencia hasta que haya presupuesto para su implementación. Es decir hubo suspensiones de la eficacia , en la ejecución de la ley por temas presupuestarios, y también suspensiones de la ley en cuanto a . La fecha que se dijo que entraría en vigencia”.
“Entonces específicamente entre el 13 de octubre del 2019 y el 30 De octubre del 2019 se derogó la ley, ese es el gran problema que existe, hay un hueco ahí, y la ley al derogarse pierde su eficacia, es decir no se puede aplicar”.
“Entonces en esos períodos en que se ordena que no se puede aplicar la ley prácticamente porque quedó derogada en ese plazo, entonces todas aquellas diligencias que se ordenaron con la ley ya derogada pierden su eficacia porque entonces si eso ya estaba prácticamente pronunciado por algunos tribunales ordinarios, porque la ley de crimen organizado en el artículo 2 prácticamente quedó derogada”.
“En suma para hacerlo más entendible, porque esto es una complicación y un desastre nacional realmente en la aplicación de la ley”, finalizó Navas.
Sobre el proyecto de la diputada Carolina Delgado, Navas aseguró en ese momento que “hay un proyecto de ley que viene a restaurar la aplicación del artículo 2, y a la vez , que es un paso bastante adelante, viene a contemplar el presupuesto que se dé en el poder judicial para poner a funcionar esa jurisdicción especializada que aparentemente se quisiera poner a trabajar en febrero-Marzo del año entrante”.
Y continuó que “es más peligroso irrespetar el Estado de Derecho, que aguantar el resultado de una errada disposición legal. El estado de derecho hay que respetarlo sobre toda otra prioridad; esa es la base de nuestro sistema democrático nuestro sistema institucional, no debieron haber cerrado los ojos, esto hay que terminar de aterrizarlo”.
“Yo creo que nosotros estamos en una época de mucha complejidad, lo que está pasando en nuestro país es peligroso… y creo que la Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad muy grande… nos corresponde a nosotros enderezar estos entuertos y hacer los pronunciamientos que haya que pronunciarse”, finalizó Navas.
También Navas se refirió al pronunciamiento del departamento de Servicios Técnicos indicando que “esto no es un simple cambio de ley, o una interpretación de ley, es que se derogó la norma y la norma derogada no se puede aplicar”.
A pesar de todo lo que ha dicho la legisladora que ha mantenido reiteradamente que el artículo 2 de la Ley de Crimen Organizada está derogado, la legisladora se ha encargado de bloquear el avance del proyecto que restauraría el articulo 2 de la mencionada Ley.
Desde las reuniones de jefatura de fracción, donde según insisten varios legisladores, Fabricio Alvarado no hace nada sin la autorización expresa de Navas, se mantiene paralizado el avance del proyecto de Delgado que supondría la reparación del error que tanto a señalado la propia Navas.
Hoy además de obstaculizar deliberadamente cualquier intento de enmendar el error, Navas cambió su discurso e indica cosas como: “La diputada Navas cree que avanzar en cualquier proyecto de ley en este momento sería un error, ya que si el Congreso aprueba cualquier reforma nueva implícitamente sería aceptar que la norma quedó derogada”, esto en declaraciones dadas a CRHoy.
“Si nosotros reformamos el artículo 2 en la manera que indica el proyecto, estaríamos reconociendo que la norma está derogada porque la ley sería a futuro , y la responsabilidad es sumamente delicada para la Asamblea”, continuó.
“Tomar una decisión de parte de la Asamblea cambiaría la norma que está en discusión en los Tribunales. El problema lo tendrá que resolver la Sala III que tiene la competencia de unificar Jurisprudencia”, enfatizó Navas.