San José, 2 abr (elmundo.cr) – El diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, criticó el nuevo intento del Gobierno de vender el Banco de Costa Rica (BCR).
“Yo creo que en Zapote son sastres”, aseguró García, y calificó como una “obsesión” el tercer intento de vender la institución, lo que le genera serias dudas a la fracción socialcristiana.
García aseguró que “la venta del BCR parece un traje a la medida, porque el proyecto contempla constituir como de clasificación y selección de firmas asesoras donde el Ministerio de Hacienda podrá invitar directamente a potenciales compradores, oferentes identificados”.
“Presentan una propuesta de texto como si fuera un tema a la ligera, un texto cargado de secretismo, memorándum de confidencialidad, y artículos que textualmente señalan deberá mantener la confidencialidad de la información relacionada con el proceso de negociación”, agregó.
El diputado insistió en que “no hay cabida a zonas de confidencialidad, o secretismo, en el ejercicio de una actividad formal de la Administración Pública”.
“Está fracción puede entender, que efectivamente se trata de un proceso comercial, una operación que requiere negociación, pero estamos hablando señoras y señores diputados de un bien del Estado, idea de la claridad, la seriedad y la transparencia que debe privar, y no hay que ser un erudito constitucional para saber que a todas luces este proyecto podría presentar vicios de constitucionalidad”.
García enfatizó que este nuevo proyecto para la venta del BCR está “mal fundamentado, mal planteado y efectivamente es un traje a la medida”.
“¿Qué va a pasar con los funcionarios del banco? ¿Qué va a pasar con los servicios que manda el Banco de Costa Rica?, ¿vamos a volver a los coligalleros en las filas de migración con los pasaportes?, ¿qué va a pasar con la licencias?”, cuestionó.
El legislador manifestó que “la venta del Banco Costa Rica no puede ser vista como una curita, debe tomarse de forma seria, responsable y desde esta fracción estaremos ahondando para que efectivamente el proceso se dé de forma transparente, en el marco del derecho constitucional que rige este país y que efectivamente beneficie a la gran mayoría costarricense”.
