Por Ramiro Cué Barberena
El triunfo de Laura Fernández obtenido el domingo 1 de febrero en Costa Rica, consolidó el giro hacia la derecha, iniciado en el actual mandato del presidente Rodrigo Chaves y amplía un nuevo escenario institucional, político y social.
Las propuestas del Fernández para su próxima Administración atraviesan promesas de reformas profundas, mano dura contra el crimen y una redefinición del modelo de Estado que la presidenta electa denomina “la tercera república”.
Los datos oficiales confirmaron la ventaja clara de Fernández al obtener alrededor del 48,5% de los votos, sobre su principal rival, el economista socialdemócrata Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), quien obtuvo el 33,3% de los sufragios, evitando una segunda vuelta.
La elección se desarrolló con una participación marcada por un abstencionismo del 30,3%, según cifras del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en una jornada que las autoridades electorales calificaron como ejemplar, libre y auténtica, en línea con la tradición democrática costarricense.
La promesa de la “Tercera República”
En su discurso de victoria, pronunciado desde una tarima instalada en las afueras de un hotel de San José, Fernández anunció un “cambio profundo e irreversible” y convocó a la construcción de lo que denominó “la tercera república”.
En la historia política costarricense, la llamada segunda república se asocia a los cambios surgidos tras la guerra civil de 1948, que incluyeron la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política. Al invocar una tercera república, Fernández planteó una narrativa de transformación institucional, aunque sin detallar de manera precisa cuáles serán los cambios estructurales que impulsará desde el Ejecutivo.
Durante su mensaje, la presidenta electa se definió como una “demócrata convencida” y prometió un Gobierno de “diálogo y conciliación”, al tiempo que pidió a la oposición ser propositiva y actuar con lealtad hacia los intereses de la ciudadanía.
Seguridad y crimen organizado en el centro de la agenda
La inseguridad y el auge del narcotráfico fueron los ejes centrales de la campaña de Fernández, en un contexto en el que la violencia asociada al crimen organizado se convirtió en la principal preocupación de la población.
Entre las propuestas más destacadas figura la posibilidad de decretar estados de excepción en zonas de alta criminalidad, una medida contemplada en la Constitución Política, explicó la propia Fernández durante un debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina.
La entonces candidata sostuvo que el levantamiento de garantías permitiría, mediante procedimientos especiales, sacar de circulación a criminales identificados.
“Costa Rica se ha montado a la ola y la deriva de tendencias autoritarias, porque desde la instauración del ‘Bukelismo’ en el Esalvador, se ha ido extendiendo como una onda expansionista. Ocurre primero en América del Sur, como en Ecuador, cuyo presidente buscó asesoría en El Salvador, ahora llega a Centroamerica, con Costa Rica”, enfatizó en entrevista con France 24 el analista político internacional, Junior Aguirre Gorgona.
El experto destacó que la tendencia se ha visto alimentada por dos problemáticas principales: el narcotráfico y la inseguridad que, a su vez, se desprende como consecuencia del tráfico de estupefacientes.
“Estos dos elementos sumados al descontento de la población que no ha visto respuesta en las últimas seis elecciones presidenciales (…) Ahora, estamos teniendo dos gobiernos de un partido disruptivo, liderado por un ‘outsider’ (Chaves) que ha ampliado un lenguaje y unas técnicas de persuasión que han logrado convencer a todas esas personas que se sentían abandonadas por 24 años de gobiernos que desatendieron las necesidades básicas de la población, perfectamente captadas por esta agrupación de corte autoritario o contraria a los principios costarricenses”, destacó Aguirre Gorgona.
En línea con esta estrategia, Fernández expresó su admiración por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y se comprometió a concluir la construcción de una penitenciaría de alta seguridad inspirada en la megacárcel CECOT de El Salvador, además de endurecer las penas y reforzar la acción del Estado frente al delito.
Estas propuestas fueron cuestionadas por sectores opositores, que las calificaron de autoritarias y alertaron sobre posibles riesgos para la democracia y las libertades civiles.
En entrevista con France 24, Rodolfo Colalongo, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, destacó que el próximo gobierno de Fernández apunta a “profundizar lo que se hace desde el Gobierno de Chaves, darle más herramientas a las fuerzas de seguridad, presionar al Poder Judicial para ser más efectivo. En el Congreso, para aprobar medidas coercitivas judiciales, mayores penas, ampliación de los delitos que se judicializan para combatir tanto narcotráfico, como crimen organizado”.
Reformas institucionales despiertan tensiones en otros poderes del Estado
Durante la campaña, Fernández mantuvo una postura crítica hacia el Poder Judicial y el Legislativo, a los que el oficialismo responsabiliza por el aumento de la violencia criminal. En ese contexto, uno de los objetivos declarados del Partido Pueblo Soberano fue alcanzar una amplia mayoría parlamentaria para facilitar la aprobación de reformas.
Aunque el oficialismo obtuvo 30 de los 57 escaños del Congreso, esa cifra no alcanza para impulsar por sí sola reformas constitucionales, que requieren el voto de dos tercios del Legislativo. Aun así, dirigentes del partido no descartaron la posibilidad de construir alianzas que permitan avanzar en cambios profundos, incluyendo una eventual reforma constitucional para habilitar la reelección consecutiva.
Estas iniciativas generaron advertencias por parte de la oposición. El candidato derrotado Álvaro Ramos afirmó que su partido ejercerá una oposición constructiva, pero advirtió que no acompañará decisiones que considere indebidas.
En el trasfondo, Fernández propone la continuidad del modelo de gestión
Fernández ha prometido dar continuidad a varios proyectos emblemáticos del Gobierno de Rodrigo Chaves. Entre ellos se encuentran Ciudad Gobierno, un complejo de edificios para centralizar instituciones públicas; la construcción de una marina en el Caribe; obras viales estratégicas; y la ampliación de puertos y aeropuertos.
La presidenta electa también dejó abierta la posibilidad de ofrecer un cargo ministerial a Chaves, a quien describió como un “hombre brillante”, reforzando la idea de continuidad política entre ambos liderazgos.
Durante su discurso de victoria, Fernández agradeció explícitamente al actual mandatario, destacando su ejemplo y su rol en lo que describió como un proceso de recuperación del coraje y la dignidad del pueblo costarricense.
Claves de la heredera política de Rodrigo Chaves
Desde el inicio de la campaña, Laura Fernández se presentó como la “heredera” política del actual presidente Rodrigo Chaves, un economista de derecha que mantiene altos niveles de popularidad. Durante los actos proselitistas fueron frecuentes los cánticos de “¡Viva Chaves!” por parte de simpatizantes y dirigentes del Partido Pueblo Soberano.
Fernández fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica y ministra de la Presidencia durante el actual Gobierno, además de desempeñarse como jefa de gabinete de Chaves.
En esos roles, consolidó un perfil técnico y político que la posicionó como una de las figuras centrales del oficialismo y como una de las funcionarias con mayor conocimiento del funcionamiento del Estado.
Dirigentes cercanos al presidente, como la diputada Pilar Cisneros, reconocieron que Fernández fue elegida personalmente por un grupo reducido del círculo de confianza de Chaves para encabezar el proyecto político oficialista en las elecciones presidenciales.
Sin duda, es una líder de trayectoria política, pese a ser una mujer joven.
Nacida en Esparza, en la provincia costera de Puntarenas, una de las regiones más golpeadas por el narcotráfico, Fernández creció en San José. Hija de un agricultor y una profesora, ha relatado que pasó parte de su infancia entre actividades rurales y trabajos familiares, como ayudar en una ferretería durante las vacaciones escolares.
Es politóloga, especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, y comenzó su carrera profesional a los 19 años en un proyecto de cooperación alemana. Está casada, es madre de una niña pequeña y se define como católica conservadora, con un discurso centrado en la defensa de la familia, la vida y valores tradicionales, un mensaje que le permitió ampliar su base de apoyo entre sectores evangélicos en crecimiento.
Durante la campaña, Fernández fue conocida por un estilo discursivo confrontativo y teatral, acompañado por gestos cercanos a la militancia, como el baile en actos públicos, una impronta que reforzó su identificación con el estilo político de Rodrigo Chaves.
Es en todo caso una victoria que despierta expectativas. Laura Fernández asumirá la Presidencia el próximo 8 de mayo con una agenda ambiciosa centrada en la seguridad, la reforma del Estado y la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves.
Sin embargo, su elección fue seguida de cerca por actores políticos, institucionales y sociales. Desde el Tribunal Supremo de Elecciones, su presidenta, Eugenia Zamora, hizo un llamado a respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democrática y a la vigilancia ciudadana, al tiempo que pidió responsabilidad para frenar la escalada de insultos en el debate público.
Por su parte, sectores de la oposición y figuras como la expresidenta Laura Chinchilla se mostraron críticos del rumbo político del país, calificando el estilo del oficialismo como populista y advirtiendo sobre un “guion predecible” similar al de otros liderazgos autoritarios de la región.
Con EFE, AFP y Reuters
