San José, 19 nov (elmundo.cr) – La diputada socialcristiana, María Inés Solís, reaccionó preocupada ante la noticia de que Recope, Japdeva, Municipalidad de San José, INA y Correos de Costa Rica contrataron al bufete de abogados BDS Asesores para que las apoyen en el proceso de renegociación de convenciones colectivas.
Solís aseveró que “la situación económica del país arde, pero el gobierno sigue de fiesta”.
Advirtió que “vamos directo al barranco, y el Partido Acción Ciudadana (PAC) sigue fomentando la irresponsabilidad”.
La legisladora afirmó que “los diputados del PAC proponen aumentar el gasto, y sus focas aplauden, pero las convenciones colectivas para este gobierno son “necesarias””.
Para Solís, el gobierno del PAC promueve una campaña del miedo.
La congresista alertó que si acaso queda tiempo para evitar lo peor de la crisis, es escaso.
Por último, la diputada Solís sentenció que siguiendo el camino que marca el gobierno, será inevitable el trancazo y funestas las consecuencias de tanta irresponsabilidad.
Finalmente, es importante destacar que las convenciones colectivas son acuerdos firmados entre el patrono y los sindicatos de las instituciones para ampliar los beneficios laborales establecidos en el Código de Trabajo.
No obstante, en los últimos años han sido cuestionadas al punto de que la Sala Constitucional ha eliminado en múltiples ocasiones, cláusulas consideradas como abusivas o desproporcionadas.
Entre setiembre de 2019 y abril de 2020, estas cinco instituciones públicas contrataron por ¢139 millones a BDS para asesoría legal y asistencia durante el proceso de renegociación de las convenciones colectivas con sus trabajadores.
Entre las razones que argumentan para buscar la asesoría es que sus abogados se benefician del acuerdo laboral, por lo cual, legalmente no pueden negociarla.
Por su parte, las empresas estatales procuran asegurarse de que el nuevo texto atienda las regulaciones de la Reforma Procesal Laboral, que rige desde julio de 2017, y de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en vigor desde diciembre de 2018.
