El diario La Nación publicó este domingo un artículo de opinión firmado por su jefe de redacción, Esteban Oviedo, en el que plantea un señalamiento directo contra el presidente Rodrigo Chaves: que el Poder Ejecutivo ha recurrido al retiro de visas para viajar a Estados Unidos como parte de medidas coercitivas contra figuras políticas opositoras.
El planteamiento aparece en un párrafo central del texto, en el cual Oviedo analiza el escenario político rumbo a la próxima administración y la eventual construcción de una mayoría legislativa afín al oficialismo.
En su artículo, Oviedo afirma:
“La búsqueda de votos de Liberación puede empezar con una etapa de ofertas sobre determinados intereses. No obstante, la experiencia reciente muestra que el Poder Ejecutivo también puede recurrir a medidas coercitivas contra opositores, como afectaciones de empleos, congelamiento de proyectos de ley y procesos administrativos de instituciones, incluso de entidades insospechadas como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En forma paralela, ha habido retiro de visas para viajar a Estados Unidos, únicamente a figuras políticas opositoras a Chaves”.
El señalamiento es significativo porque, aunque distintas bancadas legislativas acusaron algo similar meses atrás, es la primera vez que La Nación formula de manera explícita una acusación de esa naturaleza desde un espacio editorial.
El contexto político que describe el artículo
Oviedo sostiene que Chaves buscaría ampliar la bancada oficialista hasta alcanzar 38 votos en la Asamblea Legislativa, lo que permitiría impulsar una reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial en 2030.
Actualmente, la Constitución exige un período de ocho años antes de que un expresidente pueda postularse nuevamente.
El texto también advierte que una mayoría calificada podría abrir la puerta a reformas de alto impacto institucional, incluyendo modificaciones que afecten garantías individuales.
En ese marco, el artículo señala que el mandatario tendría en la mira a diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), al considerar que podría reclutar al menos siete de sus 17 legisladores electos.
Las figuras a las que se les retiró la visa
En los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos ha cancelado visas a varias figuras públicas costarricenses, entre ellas:
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Rodrigo Arias, presidente del Congreso (PLN).
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Paul Rueda, magistrado de la Sala Constitucional.
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Johanna Obando y Cynthia Córdoba, diputadas del Partido Liberal Progresista.
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Ana Sofía Machuca, auditora general del ICE.
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José Francisco Nicolás, diputado del PLN.
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Óscar Arias Sánchez, expresidente y Premio Nobel de la Paz.
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Vanessa Castro, diputada del PUSC.
En todos los casos, la notificación fue comunicada sin que el gobierno estadounidense detallara públicamente las razones específicas.
Un antecedente editorial
El 2 de abril de 2025, tras el retiro de la visa al expresidente Óscar Arias, La Nación publicó un editorial calificando la medida como “en extremo grave” y “agraviante para Costa Rica, su democracia y la libertad que debe primar en nuestro debate público”.
No obstante, en ese momento el diario no vinculó la cancelación de visas con una estrategia interna atribuible al Poder Ejecutivo costarricense.
El artículo de Oviedo marca un giro: ya no se cuestiona únicamente la decisión del gobierno estadounidense, sino que se sugiere que el contexto podría estar siendo funcional a dinámicas de presión política interna.
Encrucijada para el PLN
El texto también pone el foco en el PLN, señalando que enfrenta una disyuntiva: consolidarse como bloque opositor o fragmentarse.
Recuerda que en el actual periodo tres diputados liberacionistas han votado en sintonía con el oficialismo y que cuatro alcaldes electos por Liberación migraron hacia el partido oficialista en procesos recientes.
Según el análisis, los hechos dan indicios de que esa fracción podría ser el “punto débil” de la oposición.
Hasta ahora, las acusaciones sobre uso político del retiro de visas llegaban principalmente de voces legislativas opositoras. La entrada del principal diario del país en esa línea argumentativa eleva el tono del debate.
La discusión queda planteada: ¿se trata de decisiones independientes del gobierno estadounidense o de una dinámica política interna más amplia?
El debate está servido.
