San José, 15 jun (elmundo.cr) – El Ministerio Público logró que el Juzgado Penal de Limón ordenara la suspensión del procedimiento en la causa 23-008666-0042-PE, seguida contra el costarricense Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, con el objetivo de agilizar su proceso de extradición hacia los Estados Unidos.
Bell Fernández, quien es requerido por una corte federal de Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico internacional, mantenía pendiente en Costa Rica un expediente por el presunto robo de combustible, conocido popularmente como el caso “PetroCoke”. Esta causa local representaba el último obstáculo judicial para concretar su entrega a las autoridades estadounidenses.
La gestión de la Fiscalía se fundamenta en la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, el cual, tras una apelación presentada por la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales, revocó el fallo inicial que había denegado la extradición del sospechoso.
Condiciones para la entrega
Aunque el camino legal para la extradición ha quedado despejado, el proceso está sujeto a garantías formales que deben ser ratificadas por el gobierno estadounidense. Entre las condiciones impuestas por la justicia costarricense destacan:
- Límite de pena: La prohibición de imponer la pena de muerte o prisión perpetua, con un tope máximo de 50 años de cárcel, conforme a la legislación costarricense.
- Principio de especialidad: El compromiso de juzgar al imputado únicamente por los delitos de narcotráfico incluidos en la solicitud de extradición.
- Cómputo de prisión: El reconocimiento del tiempo que Bell Fernández ha permanecido en prisión preventiva en Costa Rica como parte de una eventual condena en el extranjero.
“Macho Coca”, de 62 años, es señalado por las autoridades estadounidenses como el presunto líder de una organización criminal dedicada al acopio y distribución de grandes cargamentos de cocaína hacia el mercado norteamericano. En noviembre de 2023, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyó en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Con la suspensión de la causa por robo de combustible, las autoridades judiciales costarricenses avanzan en el cumplimiento de los protocolos necesarios para completar la entrega del extraditable.
