San José, 08 jul (elmundo.cr) – Juzgado ordena embargo preventivo a fincas de seis funcionarios de CCSS acusados por presunto fraude contra institución.
La decisión fue tomada el pasado 2 de julio y responde a una solicitud planteada por la Procuraduría General de la República (PGR).
Según dio a conocer La Nación, la medida incluye 12 fincas ubicadas en Cartago, Guanacaste, Heredia, San José y Puntarenas, con un valor total de ¢410 millones.
De acuerdo con la resolución, los inmuebles son propiedad de Iván Guardia Rodríguez, Sara González Castillo, Carlos Montoya Murillo, Christian Rodolfo Hernández, José Alberto Acuña Ulate y Jorge Chaves Muñoz. Esas personas forman parte de un grupo de 16 imputados.
En este caso figuran también Eduardo Doryan, expresidente ejecutivo de la Caja, y Gustavo Picado, actual gerente financiero de la institución.
Según la exposición de la Procuraduría, los imputados “procedieron a influir en la toma de decisiones, con el fin de complacer a un pequeño grupo o sector sindical para obtener mejoras en los beneficios salariales, aprobando políticas salariales excesivas en momentos en que la situación económica era crítica”.
Las decisiones cuestionadas implicaron incrementos salariales por encima de la inflación, el rompimiento del tope de cesantía de 12 a 20 años, además de la contratación de 10.000 nuevos trabajadores en la CCSS. Solo en el año 2009, por ejemplo, los entonces 42.885 funcionarios recibieron un incremento salarial del 6,9%.
La investigación de este asunto por parte del Ministerio Público empezó en 2012 y los supuestos actos irregulares ocurrieron entre 2006 y 2010.
Asimismo, a los imputados, que en ese entonces tenían a su cargo la organización, la administración y el manejo de los fondos públicos, se les acusó de vender títulos valores del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sin contar con estudios técnicos de respaldo.
Estas acciones habrían sido el detonante de una crisis financiera que enfrentó la institución entre 2010 y 2011, la cual en ese último año ocasionó un déficit de ¢93.000 millones.
“Estas actuaciones generan un grave daño material a la hacienda pública, además de un daño social a la colectividad costarricense en razón de la violación al deber de probidad que debe imperar en la función pública”, añadió la PGR en su petitoria.
La audiencia preliminar para determinar si este caso va a juicio o no se realizará del 9 al 20 de agosto.
