San José, 16 feb (elmundo.cr) – Las Juventudes del Partido Acción Ciudadana, exigen al Gobierno “mantenerse acorde con los principios partidarios de defensa de la educación superior pública y dejar de violentar la autonomía universitaria contemplada en nuestra Constitución Política”.
Para la agrupación “defender la educación superior pública es proteger la democracia como bandera”.
Ante esto destacaron que “modernizar el Estado costarricense y su capacidad para responder a las necesidades de la población es importante, urgente y fundamental. Esto no puede ser a costa de los principios y pilares que hacen de nuestra democracia una de la más sólidas del mundo”.
“Por esa razón, la modernización estatal no debe partir del debilitamiento del acceso a la educación superior pública y su autonomía universitaria; la cual es un aspecto fundamental de nuestra vida en democracia que va más allá de su financiamiento, sino que contempla también su funcionamiento orgánico”, aseveraron.
Según la agrupación, “el proyecto de ley de Empleo Público presenta grandes carencias en materia de comprensión de las universidades públicas y su autonomía administrativa y de funcionamiento. La naturaleza propia de la dinámica universitaria que requiere una mayor especialización en sus docentes que el resto del sector público no debe pasarse por alto, y precisamente la inclusión de estas en el régimen contemplado en dicho proyecto se posiciona como un riesgo para dificultar su funcionamiento y con ello su labor”.
“Hacemos un énfasis especial en esta materia porque las universidades públicas son fundamentales en la consolidación económica y social de Costa Rica, mediante la formación y especialización de profesionales”, resaltaron.
De igual forma reconocieron que “el papel de las universidades consiste en consolidar un motor para el impulso del conocimiento, el establecimiento de oportunidades y la generación de alternativas para el desarrollo nacional. Las universidades públicas nos han transformado como nación, y por eso debemos seguir defendiendo y mejorando su modelo con solidaridad, inclusión y justicia; así como fortaleciéndolas para garantizar el retorno de su inversión en materia de especialización profesional y de generación de conocimiento”.
“El proyecto de ley de Empleo Público, por lo tanto, atenta contra el modelo de universidad pública que compite no solo contra la universidad privada, sino también contra sectores económicos que buscan aprovecharse de la inversión financiera y de tiempo realizada por las universidades para la formación de personas profesionales”, sentenciaron.
Asimismo hicieron hincapié en que “ante todo, las Universidades Públicas no deben responder a lógicas mercantilistas que limiten su capacidad para atraer y formar mentes que permitan generar investigación, acción social y docencia”.
“Una ley de empleo público moderna y que responda a las nuevas necesidades y que brinde las mejores condiciones para estas personas, nos asegura un futuro moderno, innovador y de gran desarrollo país”, concluyeron.
