San José, 23 sep (elmundo.cr) – La Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José dictó sobreseimiento definitivo en la causa contra funcionarios y empleados del Hogar San Agustín, centro de atención ligado al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), tras una investigación por presuntos maltratos a menores.
La resolución judicial, emitida el 18 de septiembre de 2025, pone fin al proceso penal abierto en 2023, que investigaba denuncias por supuestos actos de tortura y tratos crueles.
La sentencia establece que “no se encontró responsabilidad penal suficiente que sustentara las imputaciones planteadas por la Fiscalía”. Durante la investigación, se recopilaron declaraciones, informes del PANI, valoraciones jurídicas y protocolos de funcionamiento del hogar, pero las pruebas no alcanzaron el estándar legal necesario para demostrar culpabilidad.
Según la investigación, desde sus inicios, el Hogar San Agustín “se han implementado acciones y medidas que ayudaron a que los menores con condiciones especiales de conducta tuvieran una vida mejor”. Con esta decisión, los acusados quedan exonerados de toda responsabilidad penal en esta causa, y el caso se archiva.
Otto Silesky Agüero, fundador de la institución, expresó su satisfacción por la resolución, afirmando que “se ha hecho justicia y demostrado que a ninguna persona menor de edad se le maltrató en el Hogar San Agustín”. Silesky lamentó que el centro no pueda reabrir, señalando las consecuencias para los menores, el personal y la sociedad.
Silesky añadió que un menor que recibía atención en el Hogar San Agustín falleció víctima de un hecho violento, varios se encuentran privados de libertad, mientras que otros experimentan un recrudecimiento de su condición; lo que podría ser una consecuencia directa del cierre de la institución.
El Dr. Jorge Manuel Gutiérrez Prendas, Médico Cirujano con especialidad en psiquiatría, declaró ante el juzgado que “este era un albergue que estaba manejando una población especial, que recibía población la cual no se había logrado manejar en uno, dos o más albergues y era la opción máxima”. Además, destacó que “los empleados de San Agustín tenían el entrenamiento adecuado, los funcionarios aplicaban el uso del protocolo tal cual fue creado”.
A raíz de esta resolución, se están preparando acciones legales para que los responsables asuman las consecuencias de sus acciones.
